La ley fue aprobada en mayo por los diputados y hace dos días por los senadores antes de que Putin le diera el visto bueno definitivo, según el documento publicado en la página oficial de las leyes rusas, informó la agencia de noticias AFP.
Esta nueva ley es vista por los críticos del Gobierno como una herramienta pensada contra los partidarios de Navalny y para acallar a la oposición antes de las elecciones legislativas de septiembre, algo que el Kremlin niega.
La Fiscalía ha pedido a la Justicia que clasifique a las organizaciones de Navalny como “extremistas” porque pretenden “desestabilizar la situación social” en Rusia.
La red de oficinas regionales del activista ya ha sido clasificada de “extremista” por los servicios financieros reguladores.
El equipo de Navalny ha denunciado el empeño del Kremlin de neutralizar su movimiento y de acallarlo antes de las elecciones del 19 de septiembre, en momentos en que el partido en el poder, Rusia Unida, cae en intención de voto pese a la gran popularidad de Putin.
Su declive se debe fundamentalmente a la situación financiera complicada y a escándalos de corrupción.