Metadata accedió en exclusiva al proyecto que envío el gobernador de la provincia del Chubut, Mariano Arcioni, a la Legislatura, para prorrogar por 18 meses la emergencia económica, financiera y administrativa.
La emergencia económica vence el 15 de julio de 2021 y, frente al parate que realizará la Legislatura hasta el 22 de julio, el Ejecutivo volvió a enviar una iniciativa para extenderla por un año y medio más.
En los fundamentos del proyecto alega que la situación crítica de las finanzas provinciales aun no termina. Por el contrario, se profundizaron con la pandemia, resintiendo durante varios meses las tres fuentes principales de ingresos de Chubut: Coparticipación, regalías y recaudación propia a través de Ingresos Brutos e Impuesto a los Sellos.
“Resulta necesario prorrogar la vigencia de la Ley VII N° 91 por un plazo de 18 meses contados a partir del 15 de julio de 2021, permitiendo al Poder Ejecutivo continuar el arduo proceso de administración de una crisis histórica y sin precedentes para la comunidad chubutense”, sostiene el proyecto que lleva la firma del gobernador y al que tuvo acceso Metadata.
De esta manera, si los diputados acompañan la iniciativa, Arcioni gobernará con la emergencia, al menos, hasta el 15 de enero de 2023.
SIGUE EL FRENO A LA EJECUCIONES
Además, Fiscalía de Estado informó que la Provincia posee diversos juicios hace varios años, y que en la actualidad se encuentran próximos a una etapa de ejecución con sentencia firme y liquidaciones aprobadas, de los cuales resultan adeudarse cuantiosas sumas de dinero a los actores que han obtenido sentencia favorable.
“Esta situación se ve agravada por la imposibilidad de abonar sentencias que ya se encuentran en ejecución y que tornan viables embargos contra los fondos del erario provincial, por lo que dicho organismo entiende conveniente propiciar una nueva prórroga de la normativa de emergencia mencionada, atento a que subsisten los hechos y circunstancias que dieron motivo al dictado de la misma, viéndose agravadas por la sobreviniente situación de ejecución antes mencionada”, asevera el proyecto.
A pesar de la continuidad del freno a las ejecuciones, el gobierno provincial subió el monto del tope por el cual pagará sentencias condenatorias.
El artículo 3 del proyecto aclara que el Estado pagará “sentencias condenatorias cuyo monto no supere los $ 2.500.000 por cada acreedor” y aclara el abono “queda supeditado a la correspondiente disponibilidad presupuestaria”.
La emergencia económica que rige hasta el 15 de julio de 2021, tiene un techo máximo para pagar sentencias de hasta $ 1.800.000.
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