Ambos proyectos tuvieron despacho de comisión el lunes con el aval de todos los diputados, salvo el radical Manuel Pagliaroni quien no pudo participar por compromisos programados con anterioridad.
En los fundamentos de la Emergencia Económica, el Gobierno que conduce Mariano Arcioni alega que la situación crítica de las finanzas provinciales aun no termina. Por el contrario, se profundizaron con la pandemia, resintiendo durante varios meses las tres fuentes principales de ingresos de Chubut: Coparticipación, regalías y recaudación propia a través de Ingresos Brutos e Impuesto a los Sellos.
“Resulta necesario prorrogar la vigencia de la Ley VII N° 91 por un plazo de 18 meses contados a partir del 15 de julio de 2021, permitiendo al Poder Ejecutivo continuar el arduo proceso de administración de una crisis histórica y sin precedentes para la comunidad chubutense”, sostiene el proyecto que lleva la firma del gobernador y al que tuvo acceso Metadata.
De esta manera, si los diputados acompañan la iniciativa, Arcioni gobernará con la emergencia, al menos, hasta el 15 de enero de 2023.
SIGUE EL FRENO A LA EJECUCIONES
Además, Fiscalía de Estado informó que la Provincia posee diversos juicios hace varios años, y que en la actualidad se encuentran próximos a una etapa de ejecución con sentencia firme y liquidaciones aprobadas, de los cuales resultan adeudarse cuantiosas sumas de dinero a los actores que han obtenido sentencia favorable.
“Esta situación se ve agravada por la imposibilidad de abonar sentencias que ya se encuentran en ejecución y que tornan viables embargos contra los fondos del erario provincial, por lo que dicho organismo entiende conveniente propiciar una nueva prórroga de la normativa de emergencia mencionada, atento a que subsisten los hechos y circunstancias que dieron motivo al dictado de la misma, viéndose agravadas por la sobreviniente situación de ejecución antes mencionada”, asevera el proyecto.
A pesar de la continuidad del freno a las ejecuciones, el gobierno provincial subió el monto del tope por el cual pagará sentencias condenatorias.
El artículo 3 del proyecto aclara que el Estado pagará “sentencias condenatorias cuyo monto no supere los $ 2.500.000 por cada acreedor” y aclara el abono “queda supeditado a la correspondiente disponibilidad presupuestaria”.
La emergencia económica que rige hasta el 15 de julio de 2021, tiene un techo máximo para pagar sentencias de hasta $ 1.800.000.
LUZ VERDE PARA EL CONSENSO FISCAL
El Congreso de la Nación ratificó hace más de un mes los cambios en el Consenso Fiscal que firmaron el presidente de la Nación, Alberto Fernández y los gobernadores de todos el país.
Los cambios están vinculados a liberar la suba de los principales impuestos, en contraposición al acuerdo que había programado el expresidente Mauricio Macri, tendiente a una desaceleración paulatina de los impuestos con el objetivo de generar menos ahogo financiero al sector empresarial y a las diferentes actividades productivas, industriales y económicas.