El Poder Ejecutivo envió los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia al Congreso. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que hay un “compromiso político por parte del gobierno nacional en construir un Estado presente que acompañe a todas las mujeres, sea cual sea la decisión que tomen, y garantice el acceso a la salud”.
Según Gómez Alcorta, los dos proyectos “son complementarios” y “promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral”.
“No sabemos si es un proyecto que podamos acompañar plenamente” dijo luego la diputada Romina del Plá, “pero se acabaron las excusas”. “Hay que fijar las agendas de las comisiones para que se trate de inmediato, aborto legal ya”.
“El proyecto de la Campaña Nacional ya fue presentado por octava vez, desde el año pasado pero justamente no admite más dilaciones porque justamente los compromisos con los sectores clericales ha hecho que esto se dilate. Por más pandemia o cuarentena que haya pasado el país el aborto clandestino sigue su curso y hay mujeres muertas por esta situación que siguen sumándose”, argumentó.
Desde la Izquierda, “siempre reclamamos que estamos ante un régimen que no garantiza el aborto seguro, legal, gratuito, ni el derecho a la maternidad. Ninguno de los dos. Estamos en una situación donde el 60 por ciento de la niñez está por debajo de la línea de pobreza. Nunca podremos oponernos a un refuerzo, la garantía ni al acompañamiento de la maternidad. No alcanza con unas asignaciones, si no se requiere una asistencia integral, acceso a la alimentación, vivienda, vida digna. Esperemos que hable de una asistencia integral” sostuvo Del Plá.
PROYECTOS DEL EJECUTIVO
El proyecto sobre legalización de Aborto, indica en su artículo 1 que “la presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post aborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.
El proyecto habla sobre los derechos de las mujeres con la sanción de la ley sobre legalización del aborto: “decidir la interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con lo establecido en la ley; requerir y acceder a la atención de la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios del sistema de salud de conformidad con lo establecido en la Ley”; “requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud sin prejuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados, y prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a la información; educación sexual integral y métodos anticonceptivos eficaces”.
En tanto el proyecto de acompañamiento de los 1000 días, para las mujeres que si deciden avanzar con un embarazo y no abortarlo establece: atención integral de la salud de las mujeres y otras personas gestantes; articulación y coordinación de los distintos organismos competentes en las políticas públicas dirigidas a la primera infancia; simplificación de los trámites necesarios para el acceso de los derechos de la seguridad social; diseño de políticas públicas que brinden la asistencia apropiada para que las familias puedan asumir adecuadamente su responsabilidad de cuidado; respeto irrestricto al interés superior del niño y de la niña y del principio de autonomía progresiva; respeto a la autonomía de las mujeres y otras personas gestantes; respeto a la identidad de género de las personas; acceso a la información y a la capacitación para el ejercicio de derechos; atención especializada de acuerdo con la interseccionalidad de los derechos y vulneraciones de éstos.
