La primera controversia se da en unos de los artículos que toma el último aumento trimestral de 2020 como un pago a cuenta del nuevo sistema. Según previsionalistas, de este modo le sacarán un trimestre de ajuste a los jubilados y se generará una alta litigiosidad.
Cuando reciban en marzo el primer aumento de haberes según el sistema de movilidad previsional que el gobierno pretende aplicar a partir de 2021, los jubilados argentinos habrán perdido un trimestre de actualización.
El artículo 6 del proyecto definitivo enviado por Economía a la Comisión Mixta de Movilidad Previsional del Congreso describe que “el coeficiente por movilidad previsto en el artículo 1° de la presente ley que se determine para el mes de marzo de 2021, estará dado por el resultante diferencial entre el porcentual que arroje la aplicación de la fórmula que se aprueba para el incremento y el correspondiente a diciembre de 2020 que dispuso el Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 55 de la Ley N° 27.541”.
Se trata de la iniciativa elaborada en base al trabajo de una comisión mixta. Comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.
El Ejecutivo envió el proyecto que modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y que comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.
La iniciativa, cuyo contenido fue anticipado hace 20 días por el Gobierno, contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), vigente en el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
“El objetivo es sancionar esta ley antes de fin de año para que se otorgue el primer aumento por esta fórmula en marzo de 2021, en base a la evolución de los salarios y la recaudación”, señaló Marcelo Casaretto.
El proyecto -de ocho artículos- comenzaría a ser debatido la semana próxima en comisiones y llegaría al recinto virtual de la Cámara alta en la segunda semana de diciembre, para permitir que Diputados lo pueda sancionar antes de fin de año, según estimaron fuentes parlamentarias.
“El objetivo es sancionar esta ley antes de fin de año para que se otorgue el primer aumento por esta fórmula en marzo de 2021, en base a la evolución de los salarios y la recaudación”, señaló en diálogo con Télam el presidente de la comisión mixta de Movilidad Previsional, Marcelo Casaretto (Frente de Todos).
El texto del proyecto fue elaborado en base a la propuesta de 131 páginas elevada por esa comisión, creada a partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social e integrada por 17 miembros -legisladores del oficialismo y de la oposición y funcionarios nacionales-, cuyo labor constó de 17 reuniones en las que se recibieron a 24 expositores.