El escrito remarca que quienes trabajan en el Poder Judicial “no han recibido ninguna recomposición de sus salarios durante todo el año 2020, lo que implica una reducción del poder adquisitivo de sus ingresos en el mismo porcentaje que la inflación registrada durante el presente año, que se estima en un 30%. Además de eso, a la fecha se adeudan a sus integrantes dos meses de sueldo y el medio aguinaldo de julio”.
Haciéndose eco de la publicación de Metadata, el comunicado aclara que “ha tomado estado púbico que el Poder Ejecutivo ha remitido un proyecto de la Ley a la Legislatura provincial mediante el cual se pretende suspender toda clase de reajustes salarial por el término de seis meses, lo cual significa que para mitad del año 2021 los sueldos de la magistratura y el funcionariado se habrán reducido en un porcentaje superior al 50%”.
Asimismo, recordaron la aprobación de un proyecto reciente en la Legislatura que le saca poder y control al Procurador General, Jorge Miquelarena: “Es inevitable vincular esta iniciativa con la ley recientemente aprobada por la Legislatura provincial por la cual se modificó el procedimiento de remoción de los magistrados, que merece serios reparos constitucionales y en franca contradicción con previsiones convencionales consolidadas”.
“Ambos proyectos constituyen un claro avasallamiento de la división de poderes y de las garantías de la inamovilidad en sus cargos e intangibilidad de las remuneraciones de la magistratura y funcionariado, con rango constitucional, en cuanto protegen la existencia misma de un Poder Judicial independiente”, concluye el comunicado.