En una conferencia de prensa brindada por las autoridades de esta Cartera, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, destacó “el trabajo profesional, pormenorizado y sigiloso que realizaron las fuerzas” en auxilio de la Justicia y remarcó que dicho trabajo “no despertó las sospechas de nadie, por lo que se consiguió ingresar a los lugares y desbaratar la organización”. Tras ello, Frederic subrayó: “Esta es nuestra gestión: reforzar la investigación y el análisis criminal e ir hacia el desbaratamiento de grandes organizaciones para no dejar que este tipo de delitos se sigan cometiendo en Argentina”.
Según surge de la investigación, entre los delitos registrados, las y los miembros de la “comunidad” sustraían menores a sus padres biológicos para inscribirlos luego como hijos de varias mujeres de la organización. Además, se pudo establecer que la organización cometió instigación al suicidio al haber inducido a la muerte a un joven que se había reconocido como homosexual, hecho por el que sufrió permanentes hostigamientos y agresiones que finalizaron con su trágico suicidio. Siempre bajo “la palabra divina”, el joven había sido obligado a desnudarse públicamente, fue golpeado y sufrió agresiones físicas (como arrojarle baldes de agua fría), entre otras atrocidades.
Gracias a la articulación entre las órdenes del Poder Judicial y las directivas de la ministra Frederic de intensificar la investigación criminal para neutralizar el delito complejo, sumado a la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal, se logró extender el despliegue de las fuerzas para realizar un operativo de gran envergadura en diferentes puntos del país, lo que muestra, entre otras cosas, la dimensión que poseía la organización criminal desbaratada.
Al respecto, el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba, sostuvo: “Estamos muy satisfechos y vamos a redoblar los esfuerzos en este tipo de investigaciones para desbaratar el delito complejo. Quiero remarcar el trabajo en conjunto entre el personal de las fuerzas, funcionarios del Ministerio y autoridades judiciales que permitió una investigación que seguramente tendrá mucha tela para cortar”.
Junto a Frederic y Villalba estuvo el subsecretario de Intervención Federal, Luis Morales. Además, en representación de la PFA asistieron el jefe y el subjefe de la fuerza, Juan Carlos Hernández y Osvaldo Mato; y las máximas autoridades de la Superintendencia Federal de Intervención Territorial, Pablo Daniel Moreno, de la Superintendencia de Investigaciones Federales, Gustavo Acero, y del Departamento Unidad de Investigación de Trata de Personas, Dardo Castro.
LA INVESTIGACIÓN
A raíz de un operativo realizado en 2019 por la Policía de la Provincia de Buenos Aires se inició una exhaustiva investigación que, en aquel momento, concluyó con varios allanamientos por los delitos de trata de personas y lavado de dinero. En ese entonces, se comprobó que la organización criminal operaba con un minucioso sistema de captación de personas para, posteriormente, explotarlas laboralmente y someterlas a la servidumbre.
El personal de GNA y de PFA, junto con el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón, a cargo del Dr. Juan Pablo Barral, secretaría Número 9 de la Dra. Mariana Sioli, continuó con la pesquisa a partir de reiteradas denuncias que realizaron las víctimas y detectaron que aquella organización criminal, además de los delitos ya mencionados, también era responsable de otros graves crímenes.
El grupo, oculto bajo una presunta vocación religiosa, comenzó sus actividades en el país entre 1972 y 1973 y estaba liderado por “la Tía Eva” y dos cómplices a quienes se las acusa, hasta ahora, de dos abusos sexuales (en el marco de acciones “religiosas” con el objetivo de “evitar el pecado”) contra, por lo menos, un menor. Dado su forma de actuar y el modus operandi, este tipo de hechos se fueron reiterando a lo largo de los años.
Con un “templo” principal emplazado en el Gran Buenos Aires y “anexos” en varias provincias y, según se presume y aun se investiga, en Brasil y Paraguay, captaban personas en distintas partes del país. Centralmente, esas captaciones eran realizadas sobre niñas y niños en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Bajo una “persuasión coercitiva” les hacían creer que la líder de la organización era una persona con un poder supraterrenal.
Una vez cooptados, eran obligadas y obligados a vivir en condiciones deplorables, carentes de higiene y con una alimentación degradante. Las y los cooptados no se podían comunicar con sus familias, no se les permitía ir a la escuela y quedaban, además, sin su documentación personal. También eran obligados a trabajar en una panificadora que poseía la organización.
Fuente: Télam