El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna pidió, a través de un proyecto de Resolución presentado este lunes en el Congreso, que los ministros de Trabajo, del Interior y de Educación de la Nación actúen ante la crítica situación por la que atraviesan los agentes públicos del Chubut a los que el Gobierno Provincial les debe hasta dos meses de sueldos, parte del aguinaldo de junio y la totalidad del aguinaldo de diciembre.
Menna consideró que la situación se trata de un “grave incumplimiento de derechos de los trabajadores y jubilados tutelados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, y agregó que esto “afecta además derechos de jerarquía constitucional y convencional de todas las personas que habitan en la provincia, al comprometer dicho incumplimiento el normal y regular desenvolvimiento, entre otros, del derecho a la educación, a la salud y el acceso a la justicia”.
En los fundamentos del proyecto, el legislador chubutense calificó de “inédita” a la crisis de Chubut ya que el Gobierno “viene demostrando hace más de dos años una incapacidad manifiesta y notoria para garantizar la prestación de funciones públicas esenciales y de cumplimiento indelegable”.
“DRAMÁTICO Y URGENTE”
En este marco observó que “el caso más dramático y urgente” es el de la educación, ya que, como consecuencia de los incumplimientos salariales y del profundo déficit en infraestructura, desde hace casi tres años no se presta el servicio con regularidad, lo cual afecta la escolaridad de miles de estudiantes.
“La causa de esta situación calamitosa es el quebranto del Estado Provincial producto de una sucesión de gobiernos que administraron deficientemente la cosa pública, endeudaron a la provincia y contaron con una multiplicidad de funcionarios involucrados en hechos de corrupción”, indicó Menna al fundamentar el pedido de actuación por parte de las carteras nacionales.
Añadió en este sentido que “el no pago en tiempo y forma de haberes y jubilaciones que por definición tienen carácter alimentario constituye un quebrantamiento palmario y grave de obligaciones impuestas no solo por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sino también de compromisos asumidos ante la comunidad internacional por la Argentina de la que Chubut es parte y por quien responde la Nación”.
VIOLACIÓN DE DERECHOS
Agregó Menna que, “además de la flagrante violación de derechos laborales, propietarios y alimentarios de más de 60 mil personas afectadas por los incumplimientos salariales”, la crisis “altera el propio desenvolvimiento del Estado Provincial, que no está garantizando servicios públicos esenciales, con el consecuente quebrantamiento de derechos para la totalidad de sus habitantes”.
Ante este panorama, indicó el diputado nacional, “es llamativa la desatención e indiferencia expuesta por el Gobierno Nacional, en especial por parte de los ministros con injerencia directa en la materia”.
Y dijo que, por ejemplo, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social “no ha contestado los pedidos de actuación que le fuera requerida por la Seccional Puerto Madryn de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) el 1° de octubre de 2020, reiterada por telegrama el 7 de octubre”.
“Es llamativa y preocupante la indiferencia y falta de atención del titular de la cartera laboral con el que, sin lugar a dudas, es el incumplimiento laboral más grave de la República Argentina por la cantidad de trabajadores afectados, por la extensión temporal de la mora y por el volumen de la deuda salarial que en algunos momentos del año ha superado largamente los 10.000 millones de pesos”, argumentó, y agregó que “la razón de ser de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es precisamente garantizar los derechos del trabajador”.
En cuanto a la necesidad de actuación por parte del Ministerio del Interior, Menna explicó que “el incumplimiento de estos derechos esenciales respecto de miles de personas y la consiguiente inobservancia por parte del Estado Provincial de deberes impuestos por los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, resultan de su incumbencia, en función de lo dispuesto por los incisos 5, 7 y 8 de la ley de Ministerios, número 22.520”.
Mientras que el inciso 5 indica que es facultad del Ministerio del Interior “entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los Gobiernos de las Provincias y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, el 7 lo autoriza a “intervenir en la evaluación de la estructura económica-financiera de los Estados provinciales y regiones del país, para estar en condiciones de asistir a los mismos”, y el 8, a “intervenir en la instrumentación y seguimiento de políticas fiscales, económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales y Municipales”.
En relación con el Ministerio de Educación, Menna dejó en claro que tiene responsabilidades devenidas de la Ley de Educación Nacional (26.206) en varios de sus artículos, y que la Ley de Ministerios establece que le compete, entre otros aspectos, “entender en los casos de emergencia educativa para brindar asistencia de carácter extraordinario en aquellas jurisdicciones en las que se encuentre en riesgo el derecho a la educación”.