Metadata accedió a estadísticas y datos de la Secretaría de Integración Socio Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación vinculados al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), convenios y la inversión proyectada para realizar obras en zonas donde las condiciones de hábitat son escasas y el volumen poblacional, alto.
La integración socio-urbana de barrios populares se transformó en una política de Estado esencial desde la sanción en 2018 de la Ley N° 27.543. Apunta a mejorar las condiciones de hábitat de más de 6 millones de personas en toda la Argentina.
Desde la implementación de este programa, Chubut fue una de las provincias más beneficiadas en cuanto a la firma de convenios y financiamiento para urbanizar barrios populares.
Sin embargo, no todo es mérito del Gobierno nacional. Por el contrario, los proyectos no avanzan sin uno de los elementos tripartitos de la cadena: Provincia, municipios u organizaciones sociales.
Sin una de estas tres patas, no hay proyecto. La provincia, el municipio y las organizaciones sociales están a cargo de la presentación de las iniciativas.
Posteriormente, con la entrega de los proyectos para urbanizar el o los barrios populares, entra de lleno la muñeca y timing político de los gobiernos para gestionar y acelerar la llegada de fondos a través de un fideicomiso especial destinado a financiar la urbanización de estos barrios.
FONDOS Y DISTRIBUCIÓN
El mapa de Integración Socio Urbana contempla 589 convenios firmados para realizar obras en barrios populares, lotes con servicios y proyectos de emergencia con una inversión total de $ 71.232 millones.
De ese total, $ 44.852,44 corresponden a la línea de “Obras Tempranas”; $ 19.773,76 millones pertenecen a “Proyectos Ejecutivos Generales”; $ 6.729,35 millones a “Lotes con servicios”; y $ 1.098,4 millones a “Proyectos de Emergencia”.

El ranking lo lidera, lógicamente, la provincia de Buenos Aires, quien tiene firmados 305 convenios de obra e infraestructura en Barrios Populares por un monto total de $ 29.055 millones.
Lo sigue Chaco gobernada por Jorge Capitanich con 27 convenios por un monto final de $ 4.478 millones. En podio lo cierra Córdoba con Juan Schiaretti que abrochó desembolsos para barrios populares por $ 4.250,6 millones.
Cerca se ubico Santa Fe, otro distrito que aglutina gran cantidad poblacional. El gobernador Omar Perotti y jefes municipales estamparon la firma en 33 convenios por un global de $ 4.023,6 millones.
Misiones con Oscar Herrera Aguad selló junto a intendentes la llegada de $ 3.914,8 millones a través de 26 convenios para mejorar las condiciones en barrios populares de la provincia mesopotámica.
Alberto Rodríguez Saá logró para San Luis la firma de tres convenios por $ 3.174,4 millones para dotar de servicios a barrios populares.
Por su parte, Formosa con Gildo Insfrán protocolizó con Nación el arribo de $ 2.945,9 millones a través de seis convenios.
En Chubut – que quedó octava a nivel nacional entre las provincias con mayor caudal de fondos – el gobernador Mariano Arcioni y un grupo de intendentes oficializaron cinco convenios por 2.703,77 millones de pesos para derramar en barrios populares y mejorar la calidad de vida de miles de vecinos.
Más atrás, se ubicó Salta con $ 2.646,78 millones (15 convenios); lo siguió Corrientes con $ 2.631,2 millones (13 convenios); Tucumán con $ 2.505 millones (23 convenios); Mendoza con $ 1.709,8 millones (24 convenios); Río Negro con $ 1.619,9 millones (27 convenios); Tierra del Fuego con $ 1.580,6 millones (7 convenios); Entre Ríos con $ 1.537,6 millones (16 convenios); y Catamarca con $ 1.428,9 millones (7 convenios).

Por debajo de los 1.000 millones de pesos para urbanizar barrios populares quedaron Santiago del Estero con $ 669,3 millones (7 convenios); Neuquén con $ 472,8 millones (11 convenios); Jujuy con $ 369,8 millones (8 convenios); Ciudad Autónoma de Buenos Aires con $ 267 millones (5 convenios); La Rioja con $ 210,83 millones (3 convenios); La Pampa con $ 111,6 millones (un convenio); San Juan con $ 100,1 millones (3 convenios); y en último lugar Santa Cruz con apenas $ 46,2 millones (un convenio).
EL PUNTA PIE INICIAL
En octubre de 2018, tras más de dos años de intenso trabajo conjunto entre el Estado Nacional, organizaciones sociales y representantes de distintas fuerzas políticas de todo el país, se sancionó la Ley 27.453, “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana” –conocida como “Ley de Barrios Populares” (BPs).
Esta ley sentó los pilares para la consolidación de la integración socio urbana como política de Estado en Argentina, reconociendo en primer lugar el registro de BPs – RENABAP que comprende barrios informales de todo el país donde al menos la mitad de los vecinos no tienen acceso formal a 2 de los 3 servicios básicos de agua potable, cloacas y electricidad, ni título de propiedad de sus viviendas.
Además, estableció la creación del Programa de Integración Socio-Urbana (PISU) y dio órdenes claras a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas que se encuentran en los bienes inmuebles identificados en el RENABAP.
LOS PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS Y EL CASO DE CHUBUT
Los proyectos deben estar orientados a los barrios que forman parte del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La Ejecución de Proyectos de Obras Tempranas (POT) permite financiar obras específicas que representan una mejora sensible en la calidad de vida de los habitantes del barrio.
Los POT incluyen obras específicas de infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, accesibilidad o espacios comunitarios, entre otras. Asimismo, para los barrios que ya cuentan con redes de servicios básicos, se pueden financiar obras para las conexiones domiciliarias e instalaciones intra lote de agua, cloaca o electricidad.
A los fines de facilitar la elaboración de proyectos relacionados con equipamiento comunitario, conexiones domiciliarias e instalaciones intra lote de servicios básicos y veredas, se desarrollaron prototipos modulares que están a disposición de las Unidades Ejecutoras.
Estos proyectos están dirigidos a los gobiernos provinciales, municipios y organizaciones sociales.
Para lograr financiamiento es necesario una serie de requisitos, entre ellos, una nota de solicitud del financiamiento y de designación de responsable técnico, administrativo y social; cuenta bancaria de uso exclusivo y constancia de CBU; documentación de inscripción a la AFIP de la Unidad Ejecutora y del funcionario firmante de la entidad; designación y DNI del responsable de la entidad.
En cuanto a la documentación técnica, es necesario presentar la memoria descriptiva de la ciudad, del barrio y las obras a realizar con especificaciones técnicas; planos de obra según corresponda; cómputo y presupuesto por ítem y rubro de tareas; plan de trabajo y curva de inversión;
En el caso puntual de Chubut, hay dos proyectos presentados por un monto ya comprometido por Nación que supera los 280 millones de pesos.
PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS PRESENTADOS Y APROBADOS
| Provincias | Proyectos aprobados | Monto comprometido |
| Buenos Aires | 232 | $ 16.915.740.154 |
| Catamarca | 2 | $ 280.481.182 |
| Chaco | 17 | $ 1.178.540.541 |
| Chubut | 2 | $ 97.478.228 |
| CABA | 2 | $ 80.037.192 |
| Córdoba | 9 | $ 307.229.991 |
| Corrientes | 5 | $ 417.080.595 |
| Entre Ríos | 11 | $ 656.922.443 |
| Formosa | 3 | $ 693.383.326 |
| Jujuy | 5 | $ 209.856.004 |
| La Pampa | – | – |
| La Rioja | 2 | $ 108.378.513 |
| Mendoza | 18 | $ 1.479.771.399 |
| Misiones | 17 | $ 2.149.530.851 |
| Neuquén | 7 | $ 188.225.148 |
| Río Negro | 20 | $ 1.339.259.949 |
| Salta | 11 | $ 2.168.857.226 |
| San Juan | 1 | $ 46.351.957 |
| San Luis | – | – |
| Santa Cruz | 1 | $ 46.231.524 |
| Santa Fe | 26 | $ 3.039.554.536 |
| Santiago del Estero | 3 | $ 179.669.450 |
| Tierra del Fuego | 4 | $ 883.333.500 |
| Tucumán | 13 | $ 1.386.174.501 |
| Total | 411 | $ 33.852.088.210 |
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social
