Se exhibieron los mensajes rescatados de los teléfonos de los imputados que se secuestraron, en donde se reflejan las conversaciones sobre el depósito de los dineros en las cuentas de las directoras para que posteriormente paguen con cheques a las empresas.
Los mensajes fueron entre los dos imputados y empleados de la empresa que conducía Daniel Schmidt, también imputado en la causa y sometido al juicio abreviado, que implicó el reconocimiento de los hechos ilícitos que se investigaron en su contra.
El fiscal general Omar Rodríguez que encabeza la acusación en el juicio oral y público por las contrataciones irregulares y los sobreprecios en el Ministerio de Educación del Chubut para reparar escuelas, desistió de varios testigos por lo redundante y lo coincidente de sus testimonios como pruebas del ilícito investigado.
Se trata de los testimonios de la mayoría de las directoras de las 24 escuelas en donde se realizaron las reparaciones por parte de las empresas que –según la investigación- en connivencia con los imputados funcionarios del Ministerio de Educación, simularon compulsas de precios para así sortear los instrumentos legales y realizar las obras.
La mayoría de las directoras de las escuelas que declararon coincidieron en que las reparaciones no obedecían a las prioridades que habían fijado, que el listado de las obras ya venía dispuesta por las empresas, se vieron sorprendidas por la necesidad planteada por pagar el 50% de los trabajos apenas iniciadas las tareas, además de los llamativos sobreprecios.
La mayoría de los testimonios se apoyaron además en actas que realizaron al generarse esas situaciones que les producían muchas dudas. La modalidad de las actas es una práctica habitual en los establecimientos escolares y en la investigación resultaron ser de mucha importancia a manera de convalidar los testimonios.
Unos de los últimos testimonios que se escucharon en cuanto a directivos de escuelas, fue el de Gonzalo Carvalho, director al momento de los hechos de la escuela politécnica 702 de Rawson, y de Roxana Mistó, de la escuela 202, que actualmente se acogió a los beneficios de la jubilación.
Mistó dijo que “me llamó la atención es que nosotros no habíamos realizado ningún contrato y sin embargo debíamos el pago. Se lo dije a Jorge Santucho (imputado en la investigación y sometido a la suspensión del juicio a prueba) porque desde hacía varios años que venía reclamando reparaciones en el techo de la escuela”.
Agregó que “me sorprendió el monto de la factura que me entregó una mujer que vino en representación de la empresa Lada. Era Daiana Enrique. Desde el ministerio me dijeron que pague, porque se trataba de una partida extraordinaria”.
En el caso se encuentran imputados y sometidos a juicio Graciela Cigudosa, ex ministra de educación del Chubut, y los funcionarios de ese ministerio, Raúl Care y Ariel Hueichán.
Según los fiscales, la verdadera intención de los imputados, que era quedarse con las obras simulando una falsa competencia. Los imputados originales tenían estrechas relaciones entre ellos. El objeto fue el mantenimiento y la reparación de 24 escuelas por un monto cercano al millón y medio de pesos al año 2019.La investigación contempló también los sobreprecios en los elementos de reposición, especialmente caloramas, artefactos de iluminación e inodoros.
El tribunal de juicio está integrado por los jueces Martin O´Connor, Marcelo Nieto De Biase y Patricia Reyes.