Los ex ministros de Economía Hernán Lacunza y Alfonso Prat Gay, y el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, fueron denunciados este lunes penalmente por “traición a la Patria” con la “finalidad de aterrorizar a la población” por un abogado que los responsabilizó por llevar a cabo gestiones “para evitar que el país obtenga un desembolso de dinero del Fondo Monetario Internacional”.
La denuncia llegó luego de que, este domingo, el director ejecutivo por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, señalara, aunque sin nombrarlos, a ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri al asegurar que “tres economistas vinculados a la gestión anterior de la cartera de Economía habían realizado acciones para lograr que no se lleven a cabo desembolsos del préstamo” del FMI.
Así consta en la denuncia que ahora presentó el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, a la cual tuvo acceso Télam, presentada ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal
“La noticia relata que tres economistas vinculados a la gestión del gobierno próximo pasado les habrían pedido a funcionarios del organismo multilateral que no brinden asistencia a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión y de esta manera negociar con otros funcionarios”, detalla el documento.
Asimismo, indica que “la descripción efectuada de quienes habrían sido esos economistas que llevaron a cabo estas gestiones se sostuvo que se trataría de Hernán Lacunza, Alfonso Prat-Gay y Guido Sandleris y que con esa estrategia estarían buscando que empujar el país hacia un ‘default'”.
En ese sentido, Sánchez Kalbermatten formuló la denuncia por “usurpación de títulos”, además de los delitos de “traición a la patria”, agravado por la “finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobierno extranjeros o agentes una organización internacional a realizar un acto o abtenerse de hacerlo”.
La denuncia señala además que “aunque el comportamiento descrito no incluye específicamente el uso de armas contra la Nación, podría interpretarse que las gestiones realizadas para evitar que el país obtenga un desembolso de dinero del FMI están destinadas a dañar la economía del país y, por lo tanto, a menoscabar su integridad y estabilidad económica”.