Expertos de CIMA expresaron su profunda inquietud acerca del impacto negativo que podría generar el Capítulo III de la Ley Ómnibus, destacando que asignar cuotas de captura mediante licitación internacional “al mejor postor” amenaza directamente la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
“La apertura del acceso al Mar Argentino de la forma planteada pone en riesgo la base misma de la cadena de valor de nuestra industria”, señala el comunicado enviado por CIMA.
La propuesta de no exigir desembarque en puertos argentinos, según los especialistas de CIMA, abriría la puerta a la evasión fiscal y a la pesca ilegal, subrayando que “es imperativo mantener el control en los puertos nacionales para garantizar una explotación sostenible de nuestros recursos”.
Otro punto clave señalado por la entidad es la eliminación propuesta de la Zona Económica Exclusiva, que, según los expertos, “ignora las complejidades del origen de los buques y las características de las empresas titulares, lo cual podría tener consecuencias nefastas no solo para la pesca sino para toda la industria naval y alimenticia”.
En este contexto, la Cámara enfatizó: “No podemos ignorar la importancia de considerar el origen, la antigüedad y la mano de obra empleada en los buques que operan en nuestras aguas”.
Desde la perspectiva especializada de CIMA , la propuesta del Capítulo III va en contra de la necesidad de legislar para impulsar a largo plazo los sectores pesquero e industrial. En palabras de los expertos: “Es esencial crear un marco legal que fomente la inversión a largo plazo y promueva el desarrollo sostenible, generando valor agregado que nos permita competir a nivel internacional”.
La Cámara también subraya que la inteligente aplicación del concepto de soberanía es esencial en todas las decisiones y construcciones estratégicas. “Debemos considerar no solo la Argentina continental sino también nuestro vasto litoral marítimo, que es un recurso estratégico para el país”.
Finalmente, CIMA insta a los legisladores nacionales a no aprobar la norma propuesta y, en cambio, a realizar una consulta amplia con los sectores empresariales. “Es fundamental entender las complejidades y perspectivas que estas reformas podrían tener en la industria pesquera y en la economía en su conjunto”, concluyen los especialistas.