La causa que investiga si existieron comedores fantasmas durante la gestión de Alberto Fernández y si se produjo la compra irregular de alimentos por parte de las asociaciones civiles sumó en los últimos días una presentación clave por parte de la Oficina Anticorrupción, querellante en el caso.
El organismo que conduce Alejandro Melik aportó pruebas que demuestran que en las rendiciones de gastos de las organizaciones sociales a cargo de los comedores se puede ver que comedores ubicados en Chaco y Formosa y otras provincias del norte y centro del país realizaban compras de alimentos a comercios ubicados en Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, es decir, a cientos de kilómetros.
En el expediente que lleva adelante el fiscal Ramiro González se investiga el posible delito de “defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
La causa se originó a comienzos de año a raíz de una denuncia de las autoridades del Ministerio de Capital Humano, que señalaron que tras realizar una auditoría determinaron que el 32% de los comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM) no funcionaba más; el 25% de los datos de preinscripción no coincidían con los datos reales y el 16% nunca habría funcionado como comedor.
Ahora la Oficina Anticorrupción hizo una presentación en la causa con facturas y otras pruebas que demostrarían irregularidades en la compra de alimentos que debían ir a los comedores. El organismo de Melik apuntó contra la Asociación Civil 18 de Mayo que en dos expedientes dijo tener a cargo 159 comedores/merenderos en provincias del centro y norte del país.
El Ministerio de Desarrollo Social proveía de millones de pesos a esa organización para la compra de alimentos.
Sin embargo, en la presentación de la OA se destacaba un dato muy particular: en las rendiciones de cuentas, la Asociación Civil 18 de mayo dijo haber comprado alimentos en provincias del sur del país para comedores que estaban ubicados en el otro extremo.
Un ejemplo de esto es la compra de muzzarella, ricota y queso cremoso que hizo la Asociación Civil 18 de mayo a la empresa Global PVC SRL por casi $50.000, que está ubicada en Puerto Madryn.
Para las autoridades de la Oficina Anticorrupción, se trata de una compra irregular si se tiene en cuenta que según pudo saber TN, la asociación en cuestión dijo tener a cargo comedores en Santa Fe, Salta, Misiones, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Córdoba, Catamarca, Chaco, Formosa y Buenos Aires.
¿Por qué compraría entonces la mercadería en Chubut? No se descarta que la maniobra sea, en rigor, una simulación de una factura por alimentos que nunca se compraron y cuyo dinero fue utilizado con otro destino.