El sector pesquero tiene cada vez más frentes abiertos. A los conflictos sindicales, a la nula rentabilidad, a los costos insostenibles, a la presión impositiva y a las nuevas exigencias de los consumidores, ahora sumó la imposición de un arancel para Argentina del 10% para productos de mar, fundamentalmente para el langostino y la merluza que atraviesan las fronteras norteamericanas.
La temporada nacional de captura de langostinos quedó habilitada hace semanas, sin embargo, está completamente paralizada por falta de acuerdo entre las empresas y los sindicatos.
El eje medular de la discusión es la vigencia de un Convenio Colectivo de Trabajo que fue sellado entre las partes hace varios años en un contexto totalmente diferente al actual. En ese dossier, los sueldos quedaron atados a un precio del producto que actualmente cayó en forma sustancial.
En este marco, el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, consideró que el conflicto está lejos de resolverse.
La disputa es puntualmente con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Este conflicto ha paralizado gran parte de la flota pesquera.
Pese a algunas señales de reactivación, De la Fuente minimizó la posibilidad de una pronta solución: “Un resfriado no es pandemia. De 113 congeladores disponibles para la zafra, hasta ahora solo salió una embarcación”.
El sector enfrenta así una doble crisis: por un lado, la amenaza externa de nuevos aranceles y mercados inestables; por el otro, tensiones internas que paralizan la actividad. “No dejamos de ver este festival de malas noticias”, concluyó De la Fuente.