Una mujer denunció que le fue negado el acceso a un aborto legal estipulado en la ley 27.610. Como resultado, la Justicia ordenó a la empresa de medicina prepaga OMINT pagar una multa de 5 millones de pesos por no garantizar el acceso a este procedimiento.
El caso se conoció a través de Amnistía Internacional, quien acompañó a la víctima en todo el proceso judicial. La mujer, identificada como “Blanca” transitaba un embarazo de 11 semanas de gestación, pero le informaron que no podría ser viable, ya que había “malformaciones fetales incompatibles con la vida”.
Frente a esta información, la mujer tomó la decisión de realizarse un aborto legal. Al recurrir a un médico, el mismo no accedió a realizar esta práctica y “le impuso sus juicios personales” a su vez que la desinformó, sin derivarla a otro profesional de la salud.
Ante este panorama, Blanca recurrió a otro prestador para ejercer su derecho, pero decidió avanzar con el reclamo legal. Amnistía Internacional acompañó su denuncia a Defensa al Consumidor junto a Lucila Galkin, directora de género y diversidad en la organización.
Según explicó Galkin, esta denuncia derivó en una multa de $5.000.000 a la empresa de medicina prepaga OMINT, propietaria de la clínica privada en donde le negaron el aborto. Desde Defensa al Consumidor indicaron que “en el marco de una relación de consumo, la empresa es responsable por lo que hacen sus prestadores“.