La Provincia desplazó a 24 jerárquicos de la Policía Bonaerense cercanos a Maximiliano Bondarenko, cabeza de lista del Frente La Libertad Avanza por la Tercera Sección para las elecciones legislativas provinciales.
La medida se dispuso a partir de una investigación interna por una denuncia anónima que llegó a Asuntos Internos. Los efectivos están acusados de militar para Bondarenko, excomisario de la fuerza de seguridad.
Según pudo saber TN, la denuncia anónima, a diferencia de otros casos, llegó con un volumen inusual de evidencia: capturas de pantalla, audios de WhatsApp, nombres propios y referencias concretas a reuniones entre los oficiales implicados y dirigentes del espacio de Bondarenko.
“Había de todo en la denuncia: chats, grabaciones, documentos. Era demasiada información como para no tomarla en serio”, aseguró a este medio una fuente reservada vinculada al caso.
El Ministerio de Seguridad bonaerense ordenó entonces dos auditorías preventivas que, según explican, corroboraron rápidamente el contenido de la presentación anónima: “Lo que se encontró fue contundente. No solo había una adscripción política explícita, prohibida por la Ley Orgánica de la Policía, sino también una serie de maniobras internas que incluían desde reuniones con el candidato hasta intentos de reestructurar áreas dentro de la fuerza”.
En La Plata hablan de una “conspiración interna” con un nivel de gravedad inédito. Por eso, como marca el estatuto interno de la Bonaerense, se los apartó preventivamente de tareas operativas y se dio curso a una investigación judicial. La decisión política fue inmediata, ya que no se trató de una militancia aislada o de apoyo simbólico, sino de una participación activa y orgánica con objetivos concretos.
El desplazamiento de los 24 oficiales fue confirmado por el ministro de Seguridad de Axel Kicillof, Javier Alonso. En declaraciones a Radio 10, Alonso explicó que “el grupo no solo apoyaba políticamente a un candidato, sino que pretendía intervenir la estructura misma de la Policía”.
Según detalló el funcionario, la denuncia advertía que los agentes involucrados elaboraban un plan de reforma institucional con el objetivo de “pasar a retiro a altos mandos y reemplazarlos por efectivos afines”, lo que desde el Gobierno provincial interpretan como un intento de “golpe al comando institucional” de la fuerza.