El Gobierno avanza con una reforma del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que planea impulsar a través de un DNU. El Ejecutivo modificará el sistema de gobernanza del organismo para tener poder de decisión sobre el plan de investigaciones y la distribución de fondos.
Se trata de una medida que los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan desde antes de las elecciones legislativas de octubre y que postergaron en diversas ocasiones por las tensiones electorales. En Nación aseguran que la decisión política es que se concrete en el corto plazo. “Queremos reordenar los incentivos de las investigaciones”, expresan en el oficialismo.
Es por eso que en Balcarce 50 tienen previsto establecer un esquema de autonomía regional y centralizar los procesos de investigación en las universidades. Apuntan a que la toma de decisiones sobre los proyectos se definan en las instituciones de cada distrito y estén relacionados con el interés productivo de la zona. “La idea es que cada universidad defina el plan en base a lo que le puede servir a la región”, agregan.
En la mesa chica del jefe de Estado hablan de su utilización para la “modernización de la producción” y ponen como ejemplo a las provincias con producción minera y energética. El objetivo es descentralizar la identificación, selección y priorización de las líneas investigativas. “Lo que buscamos evitar es que en Catamarca se pongan a investigar sobre las fantasías de Batman”, amplían.
El Conicet está compuesto por 26.781 trabajadores -11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2800 técnicos y 1400 administrativos- junto con un presupuesto de $580.000 millones. Abarca 17 Centros Científico Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 Institutos de doble y triple dependencia con universidades.
La conducción del organismo la compone un directorio de ocho miembros y un presidente -Daniel Salamone- que designa el Gobierno. Los miembros del órgano surgen de ternas propuestas por investigadores activos en las áreas del conocimiento, el Consejo de Universidades, organizaciones de la industria, del agro y de la ciencia y tecnología de las provincias. Los mandatos duran cuatro años y la mitad se renuevan cada dos.