El diputado provincial Emanuel Fernández se refirió al proyecto de ley que impulsa el achicamiento del Estado en Chubut y sostuvo que la medida se inscribe en una política de ordenamiento iniciada desde la asunción del gobernador Ignacio Torres. Según explicó, uno de los primeros pasos fue el censo realizado el año pasado, que permitió identificar quiénes trabajaban efectivamente, cuáles eran sus funciones y detectar irregularidades dentro de la administración pública.
Fernández recordó que este tipo de herramientas no son nuevas y que ya se aplicaron en otras oportunidades, como en 2020, a través de mecanismos como el débito laboral y los retiros voluntarios. En ese sentido, remarcó que el proyecto actual alcanza no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial.
El legislador detalló que, una vez promulgada la ley, a los 30 días los empleados podrán comenzar a solicitar la adhesión al régimen, que contempla el cobro del 60% de la remuneración base durante un período determinado. Aclaró además que los aportes jubilatorios y de obra social se mantendrán calculados sobre el 100% del sueldo.
La iniciativa está dirigida a empleados de planta permanente, ya que —según explicó en diálogo con LU17— la planta política queda excluida por tratarse de cargos que acompañan a cada gestión. También existen exclusiones por razones funcionales y la aprobación quedará sujeta a la autoridad correspondiente, de acuerdo con las necesidades del servicio.
Fernández advirtió que actualmente el Estado provincial presenta un fuerte desbalance en su estructura, con exceso de personal en algunas áreas y déficit en sectores clave como salud y educación. “Tenemos demasiados choferes y pocos médicos, demasiados porteros y pocos docentes”, ejemplificó.
Finalmente, el diputado sostuvo que el proyecto busca establecer prioridades, mejorar la calidad del empleo público y cuidar las arcas provinciales, en un contexto económico complejo marcado por la deuda heredada, la caída de regalías por la crisis hidrocarburífera y la asunción de responsabilidades que antes correspondían a la Nación. “Es una cuestión de responsabilidad: administrar de la mejor manera posible los recursos de todos los chubutenses”, concluyó.