La fiscal general María Florencia Gómez informó que la Justicia ratificó el pedido de prisión preventiva para dos personas condenadas por los ataques incendiarios contra edificios públicos ocurridos en la provincia.
“Lo que se ratificó ayer es el pedido de prisión preventiva”, explicó la funcionaria judicial, al detallar el alcance de la resolución adoptada por el tribunal.
Según precisó, son dos los imputados que deberán cumplir condena de manera efectiva: Nahum Vargas y Damián Díaz. En el caso de este último, Gómez señaló que fue condenado a cuatro años de prisión por ser el autor del incendio en el edificio del Superior Tribunal de Justicia, específicamente en las oficinas de la Procuración, además de los delitos de daños agravados.
La fiscal remarcó que la medida no solo responde a la existencia de penas de cumplimiento efectivo, sino también al riesgo procesal. “No solamente estamos ante condenas de cumplimiento efectivo, sino que existe un real peligro de fuga”, sostuvo.
Gómez también subrayó la gravedad de los hechos investigados, al indicar que se trató de ataques coordinados contra distintas dependencias públicas. “Fueron hechos muy graves, atentando contra todos los edificios públicos en forma simultánea”, afirmó.
En cuanto a las consecuencias, destacó que los daños fueron de gran magnitud. “Hubo destrucción total, pérdida de material histórico y el Poder Judicial se vio ampliamente perjudicado”, agregó.
La fiscal explicó además que, con la ratificación de la condena en todas sus partes, quedó habilitada legalmente para solicitar la detención inmediata de los condenados, en lo que se conoce como la instancia de “doble conforme”.
Respecto a la estrategia de la defensa, indicó que se solicitó el arresto domiciliario como medida alternativa, pero que el planteo fue rechazado. “Me opuse y los jueces volvieron a darme la razón”, señaló.
Por último, Gómez aclaró que aún resta una instancia recursiva. “Solo queda una instancia de apelación, que es el Superior Tribunal de Justicia”, explicó, y confirmó que los condenados se encuentran dentro de los plazos procesales para presentar esa impugnación.