La investigación se originó a partir de la presentación de avales presuntamente adulterados en el marco de un proceso electoral interno de la cooperativa Servicoop.
La acusación fue impulsada por la fiscal general Ivana Berazategui. Según la hipótesis fiscal, el imputado habría utilizado actas con contenido apócrifo para formalizar la presentación de la Lista N° 55 blanca en las elecciones de delegados de la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn, realizadas el 21 de diciembre de 2024.
De acuerdo a la investigación, el 10 de diciembre de 2024 Martinelli presentó 32 hojas de avales con datos de socios —nombre, DNI, número de asociado y firma—, algunas de las cuales contendrían firmas falsificadas. En al menos cinco actas se constató que personas incluidas como avalistas no habrían firmado los documentos.
Asimismo, se detectaron firmas atribuidas a personas fallecidas con anterioridad a la fecha de presentación, entre ellas asociados que habían muerto en 2019, 2022 y 2023.
La Fiscalía calificó los hechos como constitutivos del delito de uso de documento falso, previsto y reprimido por el artículo 296 del Código Penal. Esta figura penal sanciona a quien utiliza un documento falsificado o adulterado como si fuera auténtico, con conocimiento de su falsedad, afectando la fe pública y la confianza en los instrumentos escritos.
Con la resolución de la jueza, la causa avanzará a la etapa de juicio oral y público, donde se debatirá la responsabilidad penal del imputado.