Los fiscales Julieta Gamarra y Lucas Papini presentaron ante la oficina judicial de Rawson, la acusación formal contra los imputados. Detallaron que habrían realizado una maniobra ilegal sostenida durante casi cuatro años con un importante perjuicio económico. La causa investiga el presunto desvío de fondos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre 2019 y 2023.
La hipótesis fiscal indica que los acusados habrían ejecutado transferencias desde cuentas de la organización hacia cuentas personales, sin respaldo ni contraprestación. La operatoria surgió de un análisis patrimonial que detectó una fuerte desproporción entre ingresos y gastos.
En ese sentido, se estableció con el grado de certeza requerido para esta etapa procesal que los imputados registraron erogaciones notoriamente superiores a sus ingresos legítimos, circunstancia que, para la Fiscalía, se vincula con la maniobra investigada.
Las medidas incluyeron el levantamiento del secreto bancario y fiscal, permitiendo relevar información de diversas entidades financieras y reconstruir el circuito del dinero.
El Ministerio Público Fiscal calificó los hechos como administración fraudulenta y remarcó el carácter reiterado de la maniobra, así como el impacto negativo sobre el patrimonio institucional y la confianza de los afiliados.