Según explicó la fiscal Eugenia Vottero, las medidas incluyeron el secuestro de teléfonos celulares y la búsqueda de posibles armas, con el fin de recolectar evidencia clave para determinar las responsabilidades. La actuación de la Fiscalía implicó la movilización de múltiples recursos públicos orientados a garantizar la protección de estudiantes, docentes y familias.
Durante la investigación se estableció que las amenazas habrían sido realizadas como una “broma” o con la intención de evitar concurrir a clases. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal se enfatizó que este tipo de conductas no son inofensivas: constituyen hechos delictivos que generan consecuencias reales, tanto en términos legales como en el despliegue de recursos de seguridad y prevención.
“Esto no es una broma. Se trata de la comisión de un delito que obliga a activar protocolos, intervenir con personal especializado y destinar recursos públicos para proteger a la comunidad”, explicó la fiscal. En ese sentido, Vottero también recordó que, a partir de las modificaciones normativas previstas para septiembre, se ampliará el alcance de la responsabilidad penal juvenil, lo que permitirá imputar a menores desde los 14 años.
La Fiscalía reiteró la importancia de tomar conciencia sobre el impacto de estas conductas y el rol de los adultos en la prevención.