A pedido del Ministerio Público Fiscal, el tribunal y las partes se dirigieron por la tarde a la cantera de la que se extrajo material y al callejón al que se destinó. Papini consideró que este es el mejor modo de que se conozca claramente a que se refieren los testigos y las demás pruebas que se expondrán a lo largo del debate.
LA ACUSACIÓN: RECURSOS PÚBLICOS PARA INTERESES PRIVADOS
El fiscal Lucas Papini sostuvo en la que los imputados utilizaron sus cargos de alta jerarquía para disponer de bienes del Estado como si fueran propios. Según la fiscalía, los exfuncionarios autorizaron de manera ilegal la extracción de aproximadamente 3.600 metros cúbicos de material árido de la Cantera Arroyo Fontana.
Los puntos principales de la acusación fiscal son:
- Entrega a privados desvirtuando el fin social de la ley: El material, propiedad de todos los chubutenses, fue entregado a una empresa para ser utilizado en un camino privado que beneficia a un grupo de particulares, en lugar de destinarse a obras públicas.
- Salteo de controles: No existió un convenio firmado por el presidente de Vialidad, que es la única autoridad competente para autorizar estas entregas.
- Abuso de autoridad: Se habrían dado órdenes directas para no realizar controles ni identificar a los camiones. Incluso, se apartó de su puesto al encargado de la cantera mediante un memorándum firmado por el ingeniero Pérez, luego de que este se opusiera a la maniobra por falta de orden escrita.
- Perjuicio económico: La fiscalía estima que esta decisión deliberada causó un perjuicio al patrimonio estatal de $4.320.000.
Por su parte, la Fiscalía de Estado, que participa en el juicio como querellante en representación del patrimonio de la provincia, adhirió en todos sus términos a lo expuesto por el fiscal Papini, reforzando la postura de que se violó la normativa legal.
LA POSTURA DE LA DEFENSA: “PROCEDIMIENTOS DE PRÁCTICA”
La defensa particular de Pérez y Vinay rechazó los cargos de manera tajante. Sostuvieron que no hubo delito y que el accionar de sus asistidos se ajustó a los procedimientos administrativos habituales y de práctica dentro de Vialidad Provincial.
Los abogados defensores argumentaron que:
- No existió un favorecimiento a particulares de manera irregular.
- No hubo “dolo penal” (intención de cometer un delito), sino que se trató de la gestión de práctica del organismo.
- Los imputados actuaron dentro de sus facultades operativas para resolver situaciones de la zona.