La Libertad Avanza y los bloques opositores se reunirán este miércoles al mediodía para realizar la próxima semana una sesión ordinaria, en la cual el oficialismo quiere tratar el propiedad privada, que elimina restricciones para que empresarios puedan comprar tierras, y establece el desalojo exprés para las propiedades o terrenas ocupadas en forma ilegal.
El temario de la sesión se discutirá en una reunión de Labor Parlamentaria que fue convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tras el pedido realizado la semana pasada de la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich, que no pudo lograr el objetivo de sesionar este miércoles 8 de julio.
Será la última sesión ordinaria antes del receso que se otorga a los empleados desde el 20 de julio al 3 de agosto, en coincidencia con las vacaciones de invierno en varias provincias del país y la ciudad de Buenos Aires.
En la reunión de Labor Parlamentaria, Bullrich -quien concurrirá junto al libertario Agustín Coto- propondrá tratar la postergada ley de Propiedad Propiedad, la ley Hojarasca ya aprobada por la Cámara de Diputados y un conjunto de pliegos judiciales.
El proyecto central que se tratará en la sesión será el de propiedad privada, en el que se incluirán cambios a la propuesta del Gobierno, que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, según señalaron fuentes parlamentarias a esta agencia.
En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.
La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley del manejo del fuego.
Esa medida, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos de que se trate de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación.
Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en forma fehaciente.
La notificación será dirigida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico; se tiene por válida aun si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiera perfeccionarse por motivos imputables a él.
Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la cual debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley, que es de 10 días hábiles.
En el tema de la ley del manejo del fuego se mantiene la prohibición de poder cambiar su uso por 60 años en el caso de los bosques nativos que sufrieron un incendio como establecía la norma votada en el 2020, aunque se permite dar otro destino a las tierras rurales.