La Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAPMI) recopiló una serie de casos recientes de filicidio ocurridos en distintos puntos del país y señaló que, en la mayoría de ellos, decisiones institucionales erradas —por desidia, negligencia o falta de formación— facilitaron desenlaces que podrían haberse evitado.
El documento, fechado el 29 de julio de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identifica patrones comunes: alertas de maltrato ignoradas, protocolos de revinculación aplicados sin considerar el riesgo real para los niños y ausencia de articulación entre organismos del Estado.
El comunicado describe tragedias individuales y traza una línea directa entre la conducta de los filicidas y las omisiones de quienes debían proteger a las víctimas: juzgados de familia, equipos técnicos, profesionales de la salud y trabajadores sociales. La entidad advierte que esa cadena de fallos no es excepcional, sino recurrente, y que la normativa vigente ya ofrece herramientas para revertirla, aunque permanecen sin aplicarse.
Sobre la base de ese diagnóstico, ASAPMI eleva cuatro reclamos concretos. El primero es la implementación efectiva de la Ley N° 27.709, conocida como Ley Lucio, que establece un plan federal de capacitación obligatoria, continua y permanente sobre derechos de las infancias y adolescencias para quienes se desempeñan en los tres poderes del Estado.
El segundo es que el Congreso Nacional declare el 21 de junio como Día Nacional de Concientización y Lucha contra el Filicidio.
El tercero es que los legisladores nacionales traten con urgencia el proyecto de ley identificado con el número 1975-D-2026, destinado a prevenir, asistir, sancionar y erradicar el maltrato contra niños, niñas y adolescentes.
El cuarto apunta a los medios de comunicación: la organización les pide que aborden los casos de filicidio con idoneidad y que consulten a especialistas antes de emitir opinión.
A la hora de citar ejemplos claros, enumeró cuatro casos: Uno de ellos el del niño de 4 años, Ángel López, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El primero de los casos es justamente el de Ángel Nicolás López, un niño de cuatro años asesinado en Comodoro Rivadavia en abril de 2026.
Su madre biológica, Mariel Altamirano, y su padre afín, Michael González, se encuentran bajo prisión preventiva. El Cuerpo Forense de Chubut detectó múltiples lesiones internas en la cabeza consistentes con maltrato continuo previo al deceso.
Lo que agrava el cuadro, según el parte, es que en noviembre del año anterior un Juzgado de Familia había ordenado la revinculación del niño con su madre biológica pese a las alertas previas de maltrato. La justicia provincial y el organismo de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes avanzan en sumarios internos para determinar responsabilidades institucionales.