Un grupo de abogados de Trelew, Rawson, Esquel, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia presentó un amparo colectivo ambiental para cuestionar el acuerdo establecido en torno a los pasivos ambientales que deja YPF en Comodoro Rivadavia.
El abogado y constitucionalista Raúl Heredia explicó que la acción tiene jerarquía constitucional y se encuentra respaldada por tratados interamericanos. Según sostuvo, el objetivo es que se deje sin efecto el acuerdo por considerar que “viola el orden público ambiental”.
Heredia planteó que los habitantes de Comodoro Rivadavia deberían ser consultados antes de adoptar una decisión de estas características y reclamó la realización de estudios ambientales que, según afirmó, no fueron llevados adelante. También cuestionó la falta de participación de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en el proceso.
“Se tomó una decisión sin tener en cuenta a una de las partes”, sostuvo el abogado, quien remarcó que la actividad hidrocarburífera lleva más de 100 años en la ciudad y que los ciudadanos no pueden ser “descartados como si nada”. A esto sumó cuestionamientos por presuntos incumplimientos administrativos.
Cuestionamientos por los montos
Uno de los puntos señalados por Heredia es la inclusión de Restinga Alí dentro del nuevo acuerdo. Recordó que ese sector había sido incorporado el año pasado a otro entendimiento por unos 25 millones de dólares y sostuvo que, si ahora vuelve a formar parte del convenio, ese compromiso podría quedar sin efecto.
Para el abogado, además, la compensación económica debería ser considerablemente mayor. Comparó la situación con el proceso desarrollado en Santa Cruz y estimó que, teniendo en cuenta las particularidades de Chubut, el monto debería ubicarse “cerca de 700 u 800 millones de dólares”.
Heredia rechazó los argumentos de quienes sostienen que no es posible comparar los casos de Chubut y Santa Cruz. Explicó que en la provincia la explotación petrolera comenzó mucho antes y que existen numerosos pozos abandonados, por lo que considera que el nivel de afectación ambiental es diferente.
En ese sentido, cuestionó especialmente que diputados provinciales oriundos de Comodoro Rivadavia hayan acompañado el acuerdo. “Conocen la realidad de lo que pasó en la ciudad en el proceso que llevó adelante YPF”, afirmó.
Reclamo contra la decisión unilateral
Heredia explicó que la presentación judicial fue realizada contra el Gobierno Nacional y YPF. Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la compensación habría sido determinada de manera unilateral y a que los fondos serían destinados a fines que, según su interpretación, no se corresponden con lo establecido por la legislación.
“Se ha realizado como si se vendiera una camioneta y destinan el dinero a donde ellos quieren”, cuestionó, y remarcó que la normativa establece expresamente el destino que debe darse a esos recursos.
El abogado también consideró necesario determinar con precisión cuáles son las tierras involucradas en el acuerdo, ya que, según indicó, YPF no sería titular de varios de los terrenos alcanzados.
Finalmente, señaló que la presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Rawson, al tratarse de una demanda dirigida contra el Gobierno Nacional.