El Gobierno nacional descartó la posibilidad de imponer un piso salarial obligatorio de $1.000.000 a través del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) o mediante la homologación de los convenios colectivos de trabajo. Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que, si bien se sugirió de forma informal a cámaras empresarias y gremios revisar las categorías más bajas, la definición final quedará bajo la responsabilidad de cada sector.
La aclaración oficial se dio luego de que fracasara este viernes la reunión plenaria del Consejo del Salario. La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta de las cámaras empresariales —que ofrecieron un aumento del 1,8% en septiembre y 1,7% mensual desde octubre— y se retiraron del encuentro. Ante la falta de acuerdo, el Poder Ejecutivo confirmó que fijará el nuevo valor del salario mínimo mediante un laudo.
Tensión con la CGT por la intervención en paritarias
La postura de la Casa Rosada generó duras críticas desde la central obrera. La CGT exigió que el salario mínimo —actualmente en $376.600— no se ubique por debajo de los $911.202 y alcance los $993.300 para diciembre.
Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, calificó la sugerencia informal del piso de $1.000.000 como una “operación de prensa” y señaló la contradicción del Gobierno al intentar influir en negociaciones privadas. “Ya que actúan elevando el piso, debieran dejar de poner el techo”, afirmó.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Capital Humano ratificaron que no retendrán convenios que no alcancen esa cifra ni establecerán un mecanismo obligatorio, manteniendo la premisa de no intervenir en los acuerdos entre privados.
De este modo, el Gobierno busca mantener acotadas las subas porcentuales generales para evitar su traslado a precios, dejando librado a la capacidad de cada sector la recomposición de los ingresos más postergados.