El 19 de agosto a las 17:20 Hs., un joven caminaba cerca de la plaza San Martín, junto a su pareja y su hijo, cuando fue interceptado por dos jóvenes que comenzaron a amenazarlos e insultarlos. Una vez que el joven llegó a su domicilio, el que lo había agredido, junto a su hermano, procedieron a realizar disparos con arma de fuego hacia la vivienda, obligándolo a salir. El agredido tomó un machete para defenderse y corrió en dirección donde se encontraban los agresores, en una zona alta del barrio. Junto a ellos estaban otros dos sujetos, uno menor de edad, el otro, el joven que este viernes fue a la audiencia. Todos juntos agredieron a la víctima, con golpes, siendo el menor, quien con un cuchillo lo apuñaló, haciéndolo caer al suelo. También le cortaron el cabello y patearon, para luego darse a la fuga. Herido, y no habiendo gente alrededor que pudiera auxiliarlo, descendió hasta la intersección de las calles Perito Moreno y Pasaje Santa Cruz, donde quedó tendido hasta que personal del Hospital lo traslada de urgencia.
En la audiencia de control de la detención si dispuso la prisión preventiva en comisaría para los tres imputados mayores de edad por el plazo de seis meses y tres meses de internación en el COSE para el menor de edad.
CAMBIO DE MODALIDAD PARA UNO DE LOS IMPUTADOS
El acusado venía cumpliendo la medida coercitiva desde el pasado 28 de agosto en la Comisaría Segunda, dispuesto originalmente por un plazo de seis meses debido al peligro de fuga —fundado en la falta de un domicilio fijo— y el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación.
Sin embargo, el escenario se modificó tras la presentación de nuevos elementos probatorios impulsados por la defensa. Entre ellos se destacó un informe socioambiental realizado por el Servicio de la Defensa sobre una vivienda situada en el Barrio Ceferino, la incorporación de una pericia psicológica y la estructuración de un esquema verificado de contención y control familiar.
Durante la audiencia, el procurador de fiscalía, Carlos Cavallo, confirmó el análisis de los informes y no presentó oposición al pedido, recordando que la prisión preventiva es una medida cautelar y no un adelanto de pena, por lo que la acreditación del domicilio y la evaluación psicológica atenuaron los riesgos procesales iniciales. Pidió al juez que se aclare al imputado que, si incumple la medida, volverá a la comisaría. Por su parte, la víctima estuvo presente en la audiencia.
Ante el consenso entre las partes, el juez resolvió hacer lugar a la sustitución en los términos del Artículo 227 del Código Procesal, ordenando el traslado inmediato del imputado al domicilio fijado bajo el régimen de prisión domiciliaria, manteniendo la vigencia del plazo original fijado hasta febrero.
El magistrado fue categórico al dirigir una severa advertencia al beneficiario: la medida rige bajo estricto apercibimiento y cualquier egreso no autorizado de la propiedad —incluso a comercios de cercanía— derivará en la revocación inmediata del beneficio y el reingreso automático a la dependencia policial. La revisión conjunta de la medida para todos los imputados quedó programada para el mes de febrero de 2027.