Mientras el langostino argentino se presenta en los grandes mercados europeos como un producto de máxima categoría y un emblema de la calidad productiva nacional, las organizaciones de la sociedad civil exigen respuestas urgentes sobre el manejo interno de la industria. El reclamo parte de una premisa innegociable fundada en que este recurso natural no es patrimonio exclusivo de las empresas que lo exportan, sino una riqueza pública cuya administración debe ser conocida y auditada por toda la ciudadanía.
Bajo este lineamiento, diversas agrupaciones ambientales exigen que la gestión del sector sea de acceso público y verificable. El pedido apunta a transparentar el registro de embarcaciones, las licencias otorgadas, los criterios de asignación y la identificación precisa de los beneficiarios finales. A su vez, demandan el libre acceso a la información ambiental vinculada a los descartes al mar, junto con los mecanismos estatales destinados a prevenir posibles conflictos de intereses.
EL ABISMO ENTRE LA TRAZABILIDAD Y LA TRANSPARENCIA
En el sector pesquero existe una gran diferencia entre cumplir con las normativas aduaneras y ser transparente frente a la sociedad. Que un producto pueda ser trazado hasta su origen resulta muy relevante para los compradores internacionales, pero no responde las preguntas fundamentales de los ciudadanos sobre quién recibe un permiso o bajo qué criterios se otorga el derecho a explotar el mar.
La especialista en Política Pública e Incidencia de Sin Azul No Hay Verde, Mariana Regueira, explicó que los sellos y las certificaciones pueden contribuir a mejorar prácticas y ofrecer garantías a los mercados, pero advirtió que “no reemplazan la información pública necesaria para evaluar integralmente la sostenibilidad en la pesca”.
Para Regueira, en una actividad extractiva como la pesca de arrastre, la sostenibilidad exige conocer el origen comercial del producto junto con los datos precisos sobre qué embarcaciones operan, quiénes reciben las cuotas, bajo qué criterios se asignan y cuáles son los resultados de la fiscalización estatal. También remarcó la necesidad de prevenir la pesca ilegal y reducir los descartes, garantizando que el avance industrial no desplace a la pesca artesanal y de subsistencia.
En este sentido, la especialista destacó que estándares internacionales como FiTI ofrecen una hoja de ruta concreta para publicar esta información. A su vez, consideró que el proceso de acceso de Argentina a la OCDE representa una enorme oportunidad para incorporar la transparencia y la conducta empresarial responsable a la planificación estratégica de la industria.
“Posicionar al langostino argentino en los mercados más exigentes requiere demostrar a la par la calidad del producto y la solidez de las instituciones con las que se administra el recurso”, afirmó Regueira. Además, sumó una definición tajante sobre el manejo de la actividad al asegurar que la transparencia y la gobernanza no son obstáculos para el negocio, sino las bases ineludibles de su legitimidad, competitividad y continuidad.
LOS CONTROLES AMBIENTALES EN LA MIRA
El reclamo por la apertura de datos incluye de manera ineludible la dimensión ecológica de la actividad extractiva. Al respecto, el coordinador de Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, fue categórico al plantear las deficiencias del sistema actual de fiscalización oficial.
El ambientalista remarcó que no alcanza con afirmar que existen controles, ya que resulta estrictamente necesario que la sociedad pueda conocer qué se audita, cómo se realizan las fiscalizaciones, qué resultados se obtienen y qué ocurre cuando se detectan incumplimientos. “La riqueza del mar no puede convertirse en prestigio privado sin rendición de cuentas”, sentenció Coustet para dejar en claro que el éxito comercial no justifica el hermetismo corporativo.
Al profundizar sobre esta opacidad estructural, Coustet advirtió que la Ley Federal de Pesca prohíbe expresamente el descarte al mar, aunque resulta de público conocimiento que esta práctica destructiva es habitual en las flotas de arrastre. El especialista recordó que existen informes técnicos del INIDEP alertando sobre el enorme volumen de especies desechadas como la merluza, y cuestionó el silencio oficial frente a estas infracciones. “Poco sabemos sobre qué sanciones se aplican a los buques que incumplen la normativa y afectan los ecosistemas marinos”, lamentó el coordinador.
Esta falta de datos accesibles bloquea cualquier intento de evaluar el estado real de los ecosistemas sometidos a la actividad industrial. Para el referente de la fundación, el hermetismo impide conocer quiénes operan en el agua, qué volúmenes de captura están autorizados a extraer y quiénes cumplen realmente con las leyes ambientales. Bajo esta lógica, Coustet interpeló a las autoridades al preguntarse dónde queda el control ciudadano y la soberanía sobre los datos frente a un mar que es patrimonio de todos. “El producto es premium, la información sobre cómo se obtiene, quiénes lo explotan y cómo se controla sigue siendo precaria”, resumió de manera contundente.
Toda esta agenda de reclamos ya fue formalizada en el Congreso de la Nación. Tras un exitoso conversatorio en el Senado y la reciente reunión informativa en la Cámara de Diputados, el objetivo central de las organizaciones consiste en lograr el tratamiento de la Ley de Transparencia Pesquera. Esta iniciativa representa la única herramienta válida para garantizar que la comercialización millonaria de los recursos nacionales deje de funcionar bajo el amparo del secreto.