Los equipos de los principales candidatos a la gobernación de Chubut ya comenzaron a desplegar sobre la mesa el mapa financiero de la Provincia. Buscan tener certezas y aproximaciones reales sobre cuál será el escenario económico con el que hipotéticamente asumirían en caso de ganar las próximas elecciones.
Con el gobernador Mariano Arcioni sin posibilidades de ir por la reelección y sin la aparición por el momento de un candidato o candidata dentro del oficialismo provincial que reúna condiciones para dar la batalla electoral en 2023, los principales postulantes para el sillón de Fontana 50 buscan que Arcioni asuma el compromiso con las distintas fuerzas políticas de “control de gasto”, equilibrio” y política “anti-despilfarro”.
Es común y habitual en Argentina que en último año de gestión de un presidente o un gobernador se produzcan desfasaje y desequilibrios financieros. Esto no es una opinión y hay un claro ejemplo que grafica esta situación.
En la presidencia de Mauricio Macri, los gobernadores firmaron el famoso Consenso Fiscal, conocido popularmente como “Pacto Fiscal”.
En una de las cláusulas, los mandatarios provinciales y el propio Estado Nacional tenían prohibido el ingreso de nuevo personal a planta permanente para no socavar la delgada línea entre ingresos y gastos y tampoco ensanchar los déficits fiscales que arrastraban casi todas las jurisdicciones del país.
Además, en el Consenso Fiscal se ponía un freno a la toma de deuda local e internacional para impedir descalabros financieros en tiempos electorales.
En este marco, algunos sectores quieren una reunión con el gobernador en la que participen los potenciales candidatos a la gobernación como los son Ignacio Torres del PRO; Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre del PJ – Frente de Todos; y Damián Biss de la UCR.
La idea es poder sellar “un acuerdo político” en el que Arcioni asuma un compromiso de “no desbande” de los gastos en el último año de gestión.
La provincia ha entrado en el último año en un delicado equilibrio financiero. Si bien el escenario económico todavía es deficitario, el rojo parece controlable por el momento.
Sin embargo, los potenciales candidatos a la gobernación saben que, en enero, febrero y marzo de 2023, el Gobierno comenzará a negociar paritarias con los gremios estatales en un contexto inflacionario sin precedentes, al menos en los últimos 30 años.
En este plano, los candidatos no quieren paritarias por debajo de la inflación, pero tampoco acuerdos con cláusulas gatillo y aumentos descomunales como ocurrió en 2019 y que derivó en el pago escalonado y en un conflicto con los gremios que duró más de un año.
LOS VENCIMIENTOS PARA LA PRÓXIMA GESTIÓN
En la misma línea, algunos de los candidatos ya analizan los vencimientos de deuda de Chubut a partir de enero de 2024. A más de uno, le llegaron varios informes de Metadata Noticias, uno de los portales que se especializa en temas económicos y financieros.
En la usina del PRO, “Nacho” Torres le transmitió a su equipo económico que empiecen a mirar con lupa el escenario económico y financiero de Chubut, principalmente en el tema de deuda doméstica e internacional.
Luque, por ejemplo, sabe que la tranquilidad que otorgan las cuentas de Comodoro no será la misma que si llega a la gobernación. Por estos motivos, ya hay contadores trabajando en la materia.
Sastre conoce un poco más de cerca los números de la Provincia, pero también tiene técnicos trazando escenarios y simulando proyecciones para los primeros años de la próxima gestión.
Sea quien sea el gobernador o gobernadora de Chubut en diciembre de 2023, en su primer año de gestión deberá abonar solo por el BOCADE (bono de u$s 650 millones que emitió el Gobierno de Mario Das Neves y que refinanció Arcioni a fines de 2022) u$s 135.341.508, de los cuales u$s 100.100.000 corresponden a la cuota de amortización y u$s 35.241.508 pertenecen a intereses.
El 2025 tampoco dará respiro, porque el alivio será imperceptible: El Gobierno deberá pagar u$s 127.583.758, tan solo 8 millones de dólares menos que en el año anterior.
Estos vencimientos se dan en un contexto complejo por el presente que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge con yacimientos maduros y con operadoras que desde hace un puñado de años se limitan a mantener las inversiones para no romper la paz social en el sur de la Provincia.
Es cierto que el reperfilamiento de la deuda que llevó a cabo el ministro de Economía, Oscar Antonena, permitió al Gobierno salir del déficit exponencial del 2019 y 2020, salió del pago escalonado y le otorgó margen para reactivar la obra pública en la Provincia.
A los vencimientos del BOCADE que se extenderán hasta 2030, se le suma la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que regentea la cartera del Interior; y el canje de Letras del Tesoro en dólares que materializó Provincia extendiendo los plazos de pago, entre otras obligaciones.
En las usinas de pensamiento del peronismo, el PRO y el radicalismo sostienen que los compromisos de deuda serán un gran problema, aunque consideran que, si Arcioni finaliza el mandato con las finanzas del día a día ordenadas o, al menos, sin un gran desequilibrio, tendrán margen a partir de diciembre de 2023.
Que se entienda bien: Los candidatos a la gobernación no exigen una senda superavitaria, de onda verde y con el camino allanado, lo que plantean es que en el último año de gestión de Arcioni no se descontrole el gasto y que estampen acuerdos imposibles de cumplir.
“Sin importar quien gane la Provincia, es necesario que los principales candidatos a la gobernación nos sentemos con Mariano (Arcioni) y podamos acordar puntos básicos, principalmente en el tema económico y financiero”, confesó a Metadata uno de los dirigentes que estará en la grilla de partida en las próximas elecciones.