Este miércoles se cumplen 8 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, un hecho que cambió el rumbo de la política argentina y generó un sacudón a toda la sociedad. La Justicia aún no pudo determinar si se trató de una muerte por suicidio o de un crimen.
En estos 8 años, tanto el fiscal Eduardo Taiano y como juez Julián Ercolini, quienes llevan adelante la investigación de lo ocurrido el 18 de enero de 2015, no pudieron probar que se trate de un intento de asesinato, algo que moviliza la querella, a través de la exesposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Caso Nisman: cómo está la causa hoy
En junio de 2022, la fiscalía que tiene delegada la investigación, completó la toma de declaración de unos 80 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sin que ninguno haya aportado un elemento importante o distinto en el marco del esclarecimiento del hecho.
En los tribunales de Comodoro Py siguieron utilizando la causa Nisman que apunta a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al mismo tiempo, pone un manto de cobertura a varias figuras de Juntos por el Cambio. Allí la hipótesis que más tiene apoyo, es que al fiscal lo asesinó un comando y que la mejor prueba de la operación es que numerosos agentes de la AFI hablaron intensamente por Nextel durante aquel fin de semana de la muerte de Nisman.
Hasta el momento, no apareció ninguna evidencia de la supuesta participación o accionar de grupos o agentes de espionaje que hayan ingresado al edificio Le Parc de Puerto Madero, o al departamento del propio Nisman.
Tampoco hubo respuestas claras ni se avanzó sobre las conversaciones que Nisman había mantenido con figuras de Cambiemos, como la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, o la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los chats fueron relevados al momento de peritar el celular del fiscal. Se comprobó que día anterior a su muerte, el sábado 17 de enero de 2015, había mantenido una serie de conversaciones con ambas figuras de JxC, en relación a lo que iba a ser la gran revelación de Nisman: una denuncia con aporte de pruebas contundentes que vinculaban al gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner con la red de terrorismo de Irán, a los que se apuntaba como responsables de lo ocurrido en el atentado a la AMIA.