Recordemos que la oposición pidió sesiones presenciales con la totalidad de sus miembros -son 257- y no mixtas como hasta ahora para temas de gran envergadura, lo que implica diputados presentes en el recinto sumados a los que están conectados en forma remota.
Por estos motivos, los opositores con la firma de los presidentes de los bloques, recurrieron a la Justicia solicitando a través de un amparo la nulidad de la sesión del 1 de setiembre pasado, donde se aprobó la modificación a la Ley de Pesca y el sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional, un sector muy golpeado por la situación pandémica en Argentina.
La Justicia rechazó este recurso de amparo por lo que Juntos por el Cambio decidió apelar ante Cámara para ganar la discusión -y que quede sentado en fueros judiciales- que las sesiones sean solo presenciales (para temas conflictivos y no conflictivos) un tema de interpretación jurídica, aunque la misma Justicia de primera instancia que revocó ese amparo se respaldó en jurisprudencia de la Corte Suprema cuando la misma titular del Senado, Cristina Fernández, recurrió con un recurso extraordinario pidiendo las sesiones a distancia, oportunidad en que la Corte las consideró no solo válidas, sino que es la propia Cámara alta la que debía resolver sobre modificaciones de su propio reglamento.
Lo cierto es que el miércoles 21 de octubre vence el reglamento de sesiones remotas en la Cámara de Diputados y Massa deberá reunirse nuevamente con los presidentes de los bloques (para renovarlo por 60 días más), tanto el oficialismo como de la oposición para resolver el lugar donde se desarrollará esta sesión y las que siguen.
Se manejan dos posibilidades: En el recinto habilitando los palcos para los diputados -que son usados habitualmente por el público y prensa parlamentaria- o bien en un estadio. Otro punto central es de qué forma, si es presencial con todos en el recinto o mixta (algunos presenciales y otros conectados por sistema remoto), para discutir la Ley de Leyes y el proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes riquezas. Todo esto es para evitar terminar otra vez en planteos de nulidad de las sesiones, y de las leyes que se aprueban en las mismas, un tema que por el momento parece no tener fin.