En su alocución, destacó las garantías que brinda esta normativa para los trabajadores, asegurando que es plenamente respetuosa del acceso a la justicia y que cumple con los estándares constitucionales y legales establecidos.
Aguilera remarcó que esta ley permite a los trabajadores recurrir a una comisión médica jurisdiccional como instancia administrativa previa para resolver conflictos derivados de siniestros laborales. Sin embargo, aseguró que “el camino de la justicia queda expedito” si el trabajador no encuentra satisfacción en esta etapa.
La diputada subrayó que este modelo es similar a otros procedimientos administrativos previos que han sido validados por la Corte Suprema de Justicia en numerosos fallos.
“La comisión médica no sustituye la vía judicial, la complementa. Es una instancia previa, y no existe como habitualmente se dice, privatización de la justicia. Las comisiones médicas son organismos estatales, integrados por profesionales seleccionados mediante concurso y supervisados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo”, manifestó Aguilera.
La legisladora también subrayó las condiciones necesarias que impuso la Corte para que esta normativa se considere constitucional, viéndose ellas totalmente satisfechas: La creación de organismos estatales mediante ley; garantizar su independencia e imparcialidad mediante concurso público; resguardar los derechos del trabajador mediante patrocinio letrado obligatorio; y plazos claros, donde si la comisión médica no se expide en 60 días, la vía judicial queda habilitada automáticamente.
La diputada recordó que fallos de la Corte Suprema, confirman la validez de estas instancias administrativas previas siempre que sus resoluciones estén sujetas a revisión judicial. También destacó que la ley asegura la distribución territorial de las comisiones médicas en las cabeceras de cada circunscripción judicial, evitando que los trabajadores deban trasladarse grandes distancias y que la norma entrará en vigor cuando se asegure la existencia de tales comisiones.
“La realidad demuestra que, en provincias donde esta ley ya está vigente, como Buenos Aires, la litigiosidad ha disminuido”, afirmó Aguilera.
Finalmente, criticó la falta de argumentos técnicos de quienes cuestionaron la norma y aseguró que sus planteos tenían un trasfondo más político que jurídico. “Los argumentos han sido políticos, de formas, pero no de contenido. Hay dirigencias sindicales que están sobreactuando por intereses políticos más que por genuinas preocupaciones por los derechos de los trabajadores”, remarcó.
Aguilera destacó el esfuerzo de la Legislatura para construir consensos y garantizar una ley que respalde a los trabajadores sin cerrar el camino judicial, priorizando siempre sus derechos y su seguridad jurídica.