El dirigente gremial se encuentra imputado del delito de daño agravado por romper a patadas un vidrio del Ministerio de Economía en Rawson durante una manifestación de docentes por reclamos salariales, en el mediodía del 22 de junio del año 2023.
La primera en declarar fue Ana Sarmiento, una docente de Comodoro Rivadavia y además con un cargo en el gremio de la ATECH. Se refirió a detalles de la manifestación, el motivo de la misma, la actuación policial y el estado de los vidrios del lugar.
El tribunal es unipersonal y está integrado por la jueza Eve Ponce. La acusación está a cargo de la fiscal general Florencia Gómez y en carácter de querellante en representación del Estado, el caso es seguido por el abogado Martín Castro.
Hasta el momento han declarado testigos de la acusación, entre ellos el Policía que registró las imágenes con su teléfono celular, además de haberse incorporado como pruebas documentación, filmaciones, fotografías y pericias realizadas por el equipo de trabajo de la Fiscalía de Rawson.
La investigación y la acusación de la fiscal general Gómez se basa en que el delito investigado se produjo en un edificio público que agrava la conducta de Murphy.
También declaró Haydé Gómez Alcorta, una docente jubilada de Trelew que participó en el reclamo, se refirió a los forcejeos entre los policías y los manifestantes, los golpes efectuados en la puerta y vidrios con el objetivo de lograr la salida de algún funcionario del Ministerio de Economía.
Dora Palacios es profesora de historia y reside en Trelew. También participó en la movilización hacia el Ministerio de Economía. “Reconozco que yo golpeé los vidrios con las manos porque queríamos que nos reciban. No vi a Murphy patear los vidrios y sí recuerdo que uno de los vidrios estaba trizado”, indicó.
Pamela Pérez Navarre, es una docente con domicilio en la localidad de Cholila con un cargo también en la conducción de la ATECH. Conoce a Murphy desde hace unos 30 años. También estuvo en la movilización de aquel día.
De ser hallado culpable, Murphy podría enfrentar una pena de prisión en suspenso además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.