El abogado Alfredo Pérez Galimberti, representante de la viuda de Martín Alejandro “Tino” John, junto con el defensor público jefe de Esquel, Marcos Ponce —apoderado del hijo de la víctima—, solicitaron al juez Carlos Ennis que se acelere la organización del juicio por jurados y se establezcan de inmediato las nuevas fechas del debate oral. Ambos señalaron que se trata de un caso de “gravedad institucional” que no admite más demoras.
El proceso involucra al sargento Luis Moggiano, imputado por homicidio agravado en calidad de funcionario policial, delito que contempla prisión perpetua. También enfrentarán acusaciones por homicidio culposo los comisarios Cristian Soto, exjefe del GEOP, y Omar Martínez, exjefe de la comisaría de El Hoyo.
El hecho ocurrió el 27 de mayo de 2021 en Las Golondrinas, cuando un disparo efectuado durante un operativo del GEOP terminó con la vida de John, quien atravesaba una crisis psiquiátrica. Según la querella, el procedimiento no se ajustó a los protocolos establecidos para casos que involucran a personas con padecimientos mentales.
El juicio estaba previsto para el 16 de septiembre en Lago Puelo. Sin embargo, a raíz de un planteo de la defensa, el Superior Tribunal de Justicia resolvió trasladarlo a Esquel. La decisión obligó a suspender todo y a realizar un nuevo sorteo de jurados, además de reprogramar pasajes, reservas y movimientos de testigos.
Galimberti y Ponce remarcaron que las dilaciones no son atribuibles a las víctimas. Recordaron que el fiscal original de la causa, Carlos Díaz Meyer, demoró un año y medio en solicitar la apertura del caso y luego impulsó el sobreseimiento de Moggiano, resistiéndose a avanzar contra Soto y Martínez, lo que motivó su apartamiento y reemplazo por el fiscal Martín Robertson. A esto se sumaron recursos presentados por las defensas, también aceptados por el Superior Tribunal.
Los representantes advirtieron que el plazo de proceso para Moggiano vence el 16 de noviembre. Si no se reactiva de inmediato, el acusado podría quedar sobreseído por prescripción, dado que el Código Procesal establece un máximo de tres años de duración para la etapa.
“Resulta inadmisible que la Oficina Judicial de Esquel alegue una agenda cargada de juicios y no priorice este caso, cuyas consecuencias institucionales son gravísimas”, enfatizaron los abogados. Alertaron que, de no actuar con celeridad, se vulnerarán derechos fundamentales de las víctimas, incluido el acceso a la justicia en un plazo razonable.
También destacaron que el Estado tiene un deber reforzado de protección hacia personas con padecimientos psiquiátricos, por lo que la demora constituye un agravamiento de la desprotección y podría configurarse como trato discriminatorio.
En diálogo con La Linterna (Jornada Radio), Pérez Galimberti calificó de “insólita” la suspensión: “Un juicio por jurados no puede detenerse una vez sorteado. La decisión de moverlo a Esquel carece de fundamento. Nos dicen que en Puelo no se pueden hallar 14 ciudadanos imparciales, pero esa garantía estaba asegurada en la audiencia de selección”.
El letrado criticó además la influencia política y policial en la causa: “Cuando están involucrados altos mandos de la fuerza, las reglas parecen cambiar. El propio ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, estuvo presente en la audiencia preliminar respaldando a la Policía. No es una interpretación, es un hecho”.
Actualmente, en Esquel informaron que no hay fecha asignada y que el juicio podría postergarse hasta 2026.