En un histórico juicio que involucrará a una de las más altas figuras del gobierno cubano de la última década, el Tribunal Supremo Popular (TSP) juzgará desde este martes por corrupción y espionaje al ex vice primer ministro y exministro de Economía Alejandro Gil Fernández.
El proceso estará a cargo de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado de la máxima instancia judicial de la isla.
La audiencia será cerrada y solo podrán asistir “las partes y las personas autorizadas por el tribunal”, según un escueto comunicado publicado en el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC).
“Tuvo un gran poder. No solo fue ministro, sino también viceprimer ministro para el área económica. Atendía el ministerio de Finanzas y el Banco Central. Tenía realmente un poder extraordinario”, dijo a TN el profesor titular de la Universidad de La Habana Omar Everleny, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana.
Quién es Alejandro Gil Fernández
Gil Fernández es el funcionario de mayor rango en caer en desgracia desde las destituciones del exvicepresidente Carlos Lage y del excanciller Felipe Pérez Roque en 2009, ambos muy cercanos al fallecido líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y acusados de “filtrar” información confidencial.
En 1999 había sido depuesto el entonces ministro de Relaciones Exteriores Roberto Robaina, uno de los funcionarios más populares de la isla. Visto entonces como un sucesor natural de los hermanos Castro, fue acusado de “deslealtad” y de autopromocionarse como heredero político. Además, se le achacó una relación cercana con un político mexicano vinculado con el narcotráfico.
Pero la acusación que pesa sobre Gil Fernández, de 61 años, es mucho más grave. Está imputado de una decena de delitos como corrupción, malversación y hasta espionaje.
La Fiscalía General de la República detalló que el exministro fue acusado “por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”.
Fuente: TN