Andrés Arbeleche confirmó que continuará representando a la provincia en el Consejo Federal Pesquero hasta el inicio de una nueva etapa, aunque adelantó que dejará su cargo en el marco de una reforma “sumamente importante” impulsada por el gobernador. “El gobernador tiene una política para la actividad pesquera con una agenda de cambios relevantes en lo normativo y en la gestión de permisos. Me pidió dar un paso al costado porque considera que vengo de una gestión con mucho desgaste. Coincido con esa mirada”, sostuvo en diálogo con Jornada Radio.
En el balance de sus dos años de gestión, Arbeleche destacó la recuperación de más de cinco millones de dólares para la provincia por permisos otorgados por la administración anterior, la certificación internacional del langostino y la temporada récord en la historia de Rawson, con dos inicios de temporada pacíficos. Reconoció, no obstante, que el conflicto con Profan–Red Chamber generó un fuerte desgaste y que para encarar la reforma “es necesario un perfil más reformista”.
Sobre su reemplazo, fue contundente: “Diego Brandán no necesita consejos. Conoce muchísimo el sector, trabajó como maquinista y estuvo dos años a mi lado. Está plenamente capacitado para el desafío”. También resaltó el acompañamiento de la Mesa de Desarrollo Pesquero y de Mario Petovello, a quien calificó como un profesional con amplia experiencia en el sector.
Consultado por el caso Carpintero, advirtió que, de comprobarse los hechos, “estaríamos ante un ataque a la institucionalidad”. “Salud, educación y seguridad son pilares de la provincia. Si un sector intenta menoscabar un servicio esencial, sería de una criminalidad increíble. Hay que esperar lo que diga la Justicia y, si hay financistas detrás, que caiga todo el peso de la ley”, afirmó en diálogo con Jornada Play.
En relación con la situación de Red Chamber y Profan, Arbeleche aclaró que es falso que la provincia pague las indemnizaciones: “La provincia se subroga en el pago; Red Chamber debe devolver esos montos o se descontarán de la expropiación por los trabajadores que quedaron fuera”. Admitió que la hoja de ruta inicial no salió como se esperaba, pero destacó avances posteriores: la regularización laboral de más de 50 empleados, un plan de inversión en marcha y pagos mensuales a la provincia.
Finalmente, se refirió al canon pesquero y a las deudas de la flota. “Somos un gobierno a favor de la producción y creemos necesario un alivio fiscal. El canon es bajo, apenas el 2% del valor del kilo de langostino, pero hay empresas que se financian no pagando y esperan a la renovación de permisos. Eso perjudica a la provincia en un contexto económico difícil”, señaló. En ese sentido, adelantó que se trabaja para suspender la autorización de despacho a las empresas que mantengan deudas.