La Policía Federal Argentina (PFA) desbarató una banda cuyo líder operaba desde una celda de la cárcel de Mendoza y había extorsionado a un hombre de Chubut por $ 2 millones.
La causa se inició en noviembre de 2025, cuando el damnificado, que vive en la localidad de Cholila, presentó una denuncia. A partir de entonces comenzó una investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal, bajo la conducción del fiscal Carlos Díaz Mayer.
Según relató el hombre ante las autoridades, todo comenzó cuando fue contactado en Facebook por una mujer que se presentó como “Carla”.
De acuerdo con la información publicada por el medio Los Andes, tras una primera conversación, ambos decidieron intercambiar números de teléfono y continuar el contacto a través de WhatsApp.
Durante ese intercambio, el denunciante aseguró que llegaron a enviarse fotografías de contenido sexual.
Sin embargo, la relación virtual cambió de manera abrupta cuando la supuesta Carla le confesó que en realidad era menor de edad.
A partir de ese momento dejaron de hablar, hasta que poco después el hombre recibió un nuevo contacto: otro hombre que le exigió dinero a cambio de no denunciarlo.
Según consta en el expediente, esa persona aseguró ser el padre de la adolescente. En un primer momento, la víctima no realizó ningún pago, pero la presión aumentó cuando los estafadores simularon el suicidio de la joven y le enviaron, incluso, un acta de defunción.
La maniobra incluyó el uso de distintos documentos falsos, entre ellos una presunta denuncia por ciberacoso en su contra y el certificado de defunción.
Además, el denunciante afirmó haber recibido mensajes de supuestos abogados y fiscales que reforzaban la amenaza.
A partir del análisis de las conexiones utilizadas por la cuenta de la supuesta menor, los investigadores lograron identificar los lugares desde donde se había operado y solicitaron una serie de allanamientos.
En ese marco, determinaron que el principal responsable sería un interno alojado en la cárcel de Almafuerte, señalado como el “cerebro” de la estafa.
Si bien el preso habría recibido el dinero denunciado, los investigadores también establecieron vínculos con sus cómplices que actuaban desde una casa ubicada en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz, quienes habrían percibido los fondos una vez realizada la operación.
Durante los procedimientos, los agentes secuestraron teléfonos celulares y distintos soportes informáticos, que ahora serán analizados para determinar si existen más víctimas de la organización.