Ambos jueces coincidieron en que no existen nuevas pruebas que neutralicen el peligro de fuga, la gravedad de los hechos investigados y la expectativa de pena.
De esta manera concluyeron en que la decisión de la jueza original del proceso, la doctora Eve Ponce “fue fundada, razonable y ajustada a derecho”. La magistrada había rechazado el pedido del imputado, que estaba basado en la necesidad de atender a una de sus hijas menor de edad. El defensor Diego Cruceño reiteró los argumentos que había realizado el martes pasado, cuando realizó el primer pedido de arresto domiciliario ante la jueza Ponce.
Esta vez Cruceño insistió con su impugnación, ante otros dos nuevos jueces, que en su resolución finalmente ratificaron los resuelto por la jueza Ponce.
El fiscal general Leonardo Cheuquemán junto a la abogada de fiscalía Daina Ponce expusieron ante los jueces Tolomei y Castro, cómo ocurrió el crimen, circunstancias del mismo, las pruebas existentes en contra de García y de los coimputados Fabián Sampietro y César Fresco. Con variados argumentos probatorios expuso ante el tribunal los peligros procesales existentes la expectativa de pena perpetua, la gravedad del hecho.
García está imputado del delito de homicidio calificado por el concurso de dos o más personas y semanas atrás el plazo legal de investigación se extendió por otros seis meses.