La resolución se sustenta en una serie de irregularidades graves detectadas durante el proceso, entre ellas el incumplimiento de los plazos de convocatoria, la falta de exhibición del padrón de socios, deficiencias en la presentación de listas y falencias en la documentación obligatoria.
Estas situaciones, según el organismo, vulneraron principios básicos como la transparencia, la legalidad y la participación de los asociados.
En ese marco, la IGJ consideró que las anomalías no son meramente formales, sino que afectan directamente la validez del acto, por lo que resolvió dejar sin efecto la asamblea y todos sus resultados.
Asimismo, se intimó a la entidad a convocar a una nueva asamblea en un plazo de 30 días hábiles, cumpliendo estrictamente con los requisitos legales y estatutarios vigentes.
El fallo refuerza la importancia del control institucional y el respeto por las normas en organizaciones de la sociedad civil, garantizando procesos democráticos claros y equitativos para todos sus integrantes.