La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó un pedido formal ante la Corte Suprema de Justicia para que avance con rapidez en la causa judicial relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario y ordene al Gobierno de Javier Milei su aplicación inmediata.
La solicitud fue impulsada por el Consejo Superior de la institución y se conoció un día después de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de personas en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país en defensa de la educación pública.
Desde la UBA sostuvieron que la Ley 27.795, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, tiene impacto directo sobre el presupuesto de las universidades nacionales y también sobre la recomposición salarial de docentes y no docentes.
En el escrito presentado ante el máximo tribunal, las autoridades universitarias remarcaron que el Poder Ejecutivo “no cuenta con un fallo definitivo favorable” que le permita continuar sin aplicar la norma votada por el Congreso.
Además, advirtieron sobre el deterioro presupuestario que atraviesan las universidades públicas. Según señalaron, las transferencias destinadas al sistema universitario registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
La UBA también alertó por las consecuencias que esa situación genera en áreas sensibles como las becas estudiantiles, los proyectos de investigación científica y el funcionamiento de hospitales universitarios, entre ellos el Hospital de Clínicas.
La disputa judicial llegó a la Corte Suprema luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptara un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y suspendiera la medida cautelar que obligaba al Estado a transferir los fondos previstos en la ley.