El proyecto de propiedad privada que quiere votar este jueves el oficialismo en el Senado elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas.
Esta iniciativa es uno de los temas centrales junto al pago de los fondos buitres que La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich, acordó con los bloques opositores dialoguistas aprobar en la sesión ordinaria del 4 de Junio.
El oficialismo también quería incluir los 73 pliegos que ya tienen despacho, pero la decisión de vetar el pliego de Verónica Michelli por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon pone un manto de duda de que se traten las postulaciones a la Justicia.
Fuentes parlamentarias señalaron que la prioridad será aprobar el proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a esos grupos de bonistas, ya que el 30 de junio vence el plazo acordado para cumplir con ese acuerdo conciliatorio, y de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
Esa iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tuvo sustanciales modificaciones ya que se eliminó el capitulo sobre cambios en la ley de barrios populares.
La LLA aceptó que se excluya el capítulo que establecía cambios en la ley de barrios populares; se incorporaron aspectos sobre el registro de terrenos y se reformaron artículos sobre compras de tierras por parte de extranjeros; al igual que se modificaron aspectos sobre los desalojos para dar mas plazo a los inquilinos de propiedades y de instituciones.
El oficialismo debió aceptar introducir cambios para sumar votos de los bloques aliados porque la LLA solo tiene 21 legisladores y necesita al menos 37 para poder imponer su mayoría para lograr la sanción de un proyecto.
Sobre las restricciones que tiene la actual ley de Tierras, el dictamen eliminó los topes para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras, pero dejó en manos de las provincias la potestad de aprobar esa venta.
Otro punto central fue las reformas que introdujeron sobre los desalojos ya que se distinguió entre usurpadores e inquilinos que tienen atrasos de sus cuotas. En el caso de los terrenos o viviendas tomadas en forma ilegal se aplicará el criterio de juicio sumarísimo para desalojar esa vivienda o terreno.
En cambio en aquellos casos que se demoraron en el pago de sus obligaciones se establecerá un plazo de 10 días para intimar al moroso, en lugar de cinco como proponía el Gobierno, y otros 10 días para proceder al desalojo