La provincia de Mendoza avanzó en la aprobación de dos nuevas resoluciones que regulan el acceso al cannabis medicinal y crean un régimen específico para uso veterinario, en el marco de la implementación de la Ley Provincial 9617.
El objetivo es brindar un acceso seguro, profundizar la investigación, la trazabilidad y el control estatal, y promover el desarrollo responsable de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial.
Por un lado, se reglamentó el funcionamiento del Registro Provincial de Cannabis Medicinal (REPRO-MENDOZA), que permitirá la inscripción de pacientes, autocultivadores, terceros cultivadores, asociaciones civiles, fundaciones y proyectos de investigación y desarrollo vinculados al uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis.
Por otra parte, el Registro y Programa de Acceso a Cannabis Medicinal para Pacientes Veterinarios (REPROVET) consiste en un sistema integral de registro, control y trazabilidad para el cannabis medicinal, fortaleciendo la seguridad jurídica, la fiscalización y el desarrollo de una industria con reglas claras.
La normativa establece procedimientos de control y seguimiento, incorpora el Certificado Oficial de Registro (COR) como instrumento habilitante y fortalece los mecanismos de trazabilidad y fiscalización previstos por la legislación provincial.
La plataforma digital estará disponible a partir del 8 de junio para el inicio de trámites y solicitudes.
El primer programa veterinario del país
Mendoza se convierte de esta manera en la primera jurisdicción argentina en establecer un marco regulatorio específico para el uso veterinario del cannabis medicinal.
El programa regula el acceso, la prescripción, el cultivo, la producción controlada y el seguimiento de tratamientos destinados a animales, bajo supervisión de médicos veterinarios habilitados.
Además, crea el Registro de Médicos Veterinarios Prescriptores (REMVEP), que establece requisitos para asociaciones civiles y fundaciones, regula permisos de cultivo y fija estándares de calidad y trazabilidad para los derivados utilizados en tratamientos veterinarios.
La normativa también incorpora mecanismos de auditoría, controles sanitarios, seguimiento clínico y un Comité Consultivo Honorario Veterinario integrado por representantes del sector científico, académico, profesional y productivo.