Un tribunal de España ordenó de manera contundente que la esposa del jefe del gobierno Pedro Sánchez sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país, según una orden judicial publicada este sábado en Madrid.
El magistrado a cargo de la instrucción, Juan Carlos Peinado, ordenó a Begoña Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades judiciales dos veces al mes hasta que se dicte veredicto definitivo en el caso, de acuerdo con lo establecido en la resolución formal.
Con el objetivo de garantizar la plena comparecencia de la imputada en las futuras audiencias del proceso, el tribunal señala que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que la mujer incumpla con la resolución y abandone el territorio europeo.
La decisión de elevar la causa a la etapa de debate oral se fundamenta en un extenso listado de presuntas irregularidades que salpican de manera directa al entorno familiar del Palacio de la Moncloa.
En los fundamentos del fallo, Peinado procesa a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
El expediente judicial no se limita únicamente a la figura de la primera dama, sino que también acusa a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos y manda a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.
La investigación penal se inició formalmente en abril de 2024 para desentrañar un complejo entramado de influencias y prebendas académicas. El juez abrió la causa contra Gómez en ese entonces para investigar delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios en relación con una cátedra universitaria que codirigía, después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella.
Los peritajes sobre los convenios firmados y el financiamiento de dicha cátedra resultaron clave para que la Fiscalía y el juzgado de instrucción consideraran reunidos los elementos de prueba necesarios para iniciar el juzgamiento de los sospechosos.