Desde el 20 de mayo, cuando se firmaron los dictámenes del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, La Libertad Avanza intensificó las negociaciones para reunir los votos necesarios. En ese camino, introdujo modificaciones a la iniciativa elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el objetivo de destrabar su aprobación.
El oficialismo buscará avanzar este jueves al mediodía en la Cámara Alta, aunque algunos senadores aliados de la Unión Cívica Radical todavía reclaman cambios en varios capítulos del texto.
Para construir la mayoría, el Gobierno espera sumar a sus legisladores el respaldo del PRO, la UCR y de bloques provinciales vinculados con gobernadores aliados.
El temario fue acordado el martes de la semana pasada entre la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y el resto de los jefes de bloque en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Para la bancada libertaria, este proyecto fortalece la seguridad jurídica e impactará en la producción y en el desarrollo de nuestro país.
El senador Pablo Cervi afirmó a TN: “Se busca brindar previsibilidad y reafirmar un principio fundamental: quien trabaja, ahorra, invierte o produce debe tener la certeza de que el fruto de su esfuerzo estará protegido. Se trata de crear las condiciones para que más argentinos se animen a invertir, emprender, producir y generar trabajo”.
Entienden que el derecho a la propiedad privada está establecido en la Constitución Nacional desde hace más de 170 años. El legislador por Neuquén agregó que “la experiencia demuestra que cuando la propiedad privada se relativiza, también se debilitan la confianza, la inversión y las posibilidades de crecimiento. Por eso esta ley no crea un derecho nuevo: lo fortalece, brinda reglas claras y da mayor previsibilidad a quienes producen y apuestan por el país”.
INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA
La iniciativa incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales. El dictamen finalmente establece que, en el caso de los inmuebles ubicados en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto también introduce cambios en la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa se discutió en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los diputados libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. No obstante, fuentes parlamentarias no descartan que el articulado sea revisado durante su tratamiento en el recinto este jueves.
Entre las modificaciones más relevantes figura la incorporación de los denominados “desalojos exprés” para los casos de inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La reforma faculta al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este preste caución juratoria.
El proyecto también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite, mediante prueba documental, la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.
En materia ambiental, la iniciativa deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada por el diputado Máximo Kirchner (Unión por la Patria) en 2020, que impedía durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.