La Sala II de la Cámara de Casación anuló la condena impuesta por la Justicia Federal a Ernesto Cruz Cárdenas y su pareja, Belén Salinas, por el delito de usurpación de una fracción de tierras del Parque Nacional Los Alerces.
No obstante, el tribunal mantuvo vigentes las restantes acusaciones vinculadas con agresiones a funcionarios de la Administración de Parques Nacionales y daños ocasionados a bienes del organismo.
El fallo desató polémica en la Patagonia, donde distintos sectores consideran que la resolución podría derivar en nuevas disputas por tierras públicas y privadas. La Asociación Civil Consenso Patagonia fue una de las que se hizo eco de los fallos, advirtiendo “los riesgos” que podrían generar ambos sobreseimientos.
En agosto de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, presidido por el juez Enrique Baronetto, había condenado a Cruz Cárdenas a tres años de prisión en suspenso y a Salinas a un año y seis meses de prisión en suspenso por la usurpación de tierras públicas dentro del Parque Nacional Los Alerces.
La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina apeló aquella sentencia y la Cámara de Casación resolvió ahora revocar las condenas y sobreseer a ambos por el delito de usurpación.
La causa se inició en 2020, cuando integrantes de la comunidad ocuparon la seccional de guardaparques El Maitenal y difundieron en redes sociales una reivindicación territorial sobre el predio.
Posteriormente, se registraron daños en instalaciones públicas y en un puente de la zona. Durante el juicio, los imputados sostuvieron que su reclamo se fundamentaba en un arraigo ancestral y cuestionaron el accionar de la Administración de Parques Nacionales. En ese sentido, hicieron hincapié en la preexistencia de sus familias en el territorio y denunciaron una política de “hostigamiento” por parte del organismo.
La identificación de Cruz Cárdenas con el pueblo mapuche es relativamente reciente. Antes de integrarse a la comunidad, trabajó como brigadista de incendios forestales contratado por la Administración de Parques Nacionales, institución de la que luego se desvinculó, según declaró, por razones ideológicas.
La familia de Salinas reside en tierras públicas. Sin embargo, según la acusación fiscal, tanto ella como Cruz Cárdenas avanzaron sobre una superficie mayor, donde incluso ocuparon una seccional de guardaparques.
La Fiscalía Federal, a cargo de Mariano Sánchez, centró la acusación en cuatro hechos atribuidos a Cruz Cárdenas, dos de los cuales también involucraban a Salinas.
La comunidad permanecía en un predio perteneciente a la Administración de Parques Nacionales, organismo que actuó como querellante durante el proceso.
En el verano de 2025, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezaron un operativo de desalojo en el lugar. Sin embargo, cuando las fuerzas llegaron al predio, los integrantes de la comunidad ya lo habían abandonado.