El Gobierno Javier Milei fue denunciado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al impulso y puesta en marcha de una reforma laboral a la cual calificaron de “una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX” porque “ataca la jornada de 8 horas”, “restringe el derecho a huelga”, “ataca a las organizaciones sindicales” y “busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos”.
Tuvo lugar durante la audiencia celebrada en la ciudad de Washington, en el marco del 196.º Período de Sesiones Ordinarias del órgano internacional.
También, el FreSU denunció persecución política y disciplinamiento, marcando que “el ejemplo más cabal es la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)”, así como “la persecución mediática, gremial, jurídica y personal” que fue desplegada por funcionarios del gobierno contra el secretario general de pilotos (APLA), Pablo Biró.
Al respecto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “el espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos”. Fue al dar inicio a la exposición por parte del FreSU. Además, pidió la audiencia junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Del mismo participaron también representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte, y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.
Y agregó que “aquello que sostuvo la OIT sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta. Con esta reforma, estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar”.
Seguidamente, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, dijo: “el gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres”.
Asimismo, señaló: “Estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de 8 horas, instalando un banco de horas flexible, que borra los límites entre lo personal y lo laboral, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida”, y resaltó que “esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis sobre los cuidados y desorganiza los hogares”.
Por su parte, Biró dijo que: “El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo”.
Y sumó que “el gobierno impulsó denuncias y multas multimillonarias contra organizaciones sindicales como las que hicieron a los compañeros de La Fraternidad, la UTA, la Asociación de Personal Aeronáutico o las acciones judiciales contra 170 trabajadores del subte”.