Los abogados de la empresa Conarpesa solicitaron la nulidad de la decisión tomada por el abogado de fiscalía Blas Paci, quien desestimó la denuncia por la ocupación de las oficinas administrativas de la compañía por parte de sindicalistas y trabajadores afiliados al STIA.
Los letrados argumentan en su presentación que Paci actuó sin la debida supervisión de un fiscal, lo cual es obligatorio según la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Luis Novoa, Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti indicaron que la decisión fue tomada por una persona no habilitada para disponer de la acción penal sin intervención de un fiscal, lo que constituye un defecto insubsanable según la jurisprudencia y la normativa vigente.
Al mismo tiempo, enfatizaron que el dictamen fiscal carece de fundamento real, no analiza los hechos concretos denunciados y se limita a dar apreciaciones generales sobre el derecho a huelga y el tipo penal, sin una operación lógica que sustente la conclusión de la desestimación.
Los abogados de Conarpesa consignaron que el 15 de julio de 2026, unas 40 personas ingresaron sin autorización a las oficinas administrativas de la empresa, permaneciendo allí hasta que se aceptaran reclamos laborales. Agregó que, aunque los responsables fueron identificados y se aportaron pruebas (listado de personal y video), la fiscalía no realizó investigación preliminar ni citó testigos.
Los asesores legales puntualizaron que la conducta denunciada encuadra en el delito de violación de domicilio (artículo 150 del Código Penal), ya que se trata de la irrupción en “casa de negocios” contra la voluntad expresa de la empresa, y no en el artículo 194 (impedimento de servicios públicos), como consideró erróneamente el abogado de fiscalía y argumentó que el derecho de huelga no ampara la ocupación de dependencias administrativas contra la voluntad de la empresa.
“La huelga es abstención de trabajo, no ocupación, y el ingreso contra voluntad expresa excede el contenido del derecho. La voluntad de exclusión de la empresa es aquí indudable, y también el quebrantamiento de esa negativa” remarcaron los abogados de Conarpesa.
En ese sentido, la impugnación remarca que las personas involucradas ingresaron a un sector privado cuyo acceso estaba expresamente restringido, motivo por el cual entiende que existieron conductas susceptibles de investigación penal y que no correspondía descartar la denuncia sin producir prueba ni desarrollar una investigación preliminar.
Los letrados de la empresa advirtieron que el cierre de la causa vulnera su derecho de acceso a la Justicia, reclamaron que la investigación vuelva a foja cero, se declare la nulidad del dictamen fiscal y se devuelva el caso al fiscal de turno para su debida intervención.