El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo energético con Venezuela que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, al asegurar que permitirá a Washington obtener control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano. El anuncio, realizado a través de Truth Social, marca un giro drástico en la relación bilateral y abre un escenario de impacto global en el mercado energético.
Trump afirmó que la operación se concretó “sin costo para el contribuyente estadounidense”, y destacó el rol del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quienes encabezaron las negociaciones junto a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez y representantes del sector privado. Según el mandatario, el acuerdo “más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos” y permitirá reducir de manera sustancial los precios de la gasolina “a largo plazo”.
La magnitud del anuncio generó repercusiones inmediatas. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo —más de 300.000 millones de barriles según la OPEP—, aunque gran parte de ellas permanecen subexplotadas por falta de inversión, sanciones internacionales y deterioro de infraestructura. La posibilidad de que Estados Unidos obtenga control operativo o participación mayoritaria en una porción significativa de esos recursos representa un cambio histórico en la política energética hemisférica.
Medios estadounidenses señalaron que el acuerdo podría incluir participación en campos de la Faja Petrolífera del Orinoco, acceso preferencial a crudo pesado y un esquema de administración conjunta de activos estratégicos. Analistas del sector energético recordaron que empresas norteamericanas como Chevron ya operan en Venezuela bajo licencias especiales, pero nunca antes se había anunciado un entendimiento de esta escala.
En Caracas, el anuncio sorprendió incluso a sectores del oficialismo. Fuentes cercanas al gobierno venezolano indicaron que el pacto podría formar parte de una estrategia para levantar sanciones, atraer inversiones y estabilizar la economía, que atraviesa una década de contracción. La administración de Delcy Rodríguez busca desde hace meses recomponer vínculos con Washington y diversificar socios energéticos ante la caída de producción y la dependencia de mercados asiáticos.
Expertos consultados por medios internacionales advirtieron que el acuerdo podría enfrentar desafíos legales y políticos, tanto en Estados Unidos como en Venezuela. En Washington, legisladores demócratas y republicanos ya pidieron detalles sobre el alcance real del pacto, especialmente en materia de propiedad, control operativo y eventuales compromisos financieros. En Venezuela, sectores opositores cuestionaron la falta de transparencia y reclamaron que cualquier acuerdo sobre recursos estratégicos sea aprobado por la Asamblea Nacional.
El anuncio también generó inquietud en otros actores globales. China y Rusia, principales aliados energéticos de Venezuela en los últimos años, podrían ver afectada su posición en el país. Empresas chinas como CNPC y firmas rusas vinculadas a Rosneft mantienen participación en proyectos clave del Orinoco, por lo que un avance estadounidense podría reconfigurar el mapa de influencia en la región.
Trump presentó el acuerdo como un beneficio mutuo. “Ayudará a mantener a Venezuela en el camino hacia un enorme éxito y una gran prosperidad”, afirmó, en un mensaje que busca mostrar el pacto como una herramienta de estabilización económica para el país caribeño. También aseguró que la operación “fortalecerá enormemente la relación, que ya está creciendo, entre Venezuela y Estados Unidos”.