En la audiencia de impugnación la defensa solicitó “la absolución” de su asistido y subsidiariamente “se readecúe la pena al mínimo legal establecido para el delito, de 6 años de prisión”; en contraposición la fiscal requirió se rechace la impugnación interpuesta por la defensa, se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de primer grado y asimismo la pena impuesta a M. D. C. de 6 años y 8 meses de prisión. Finalmente, los jueces de Cámara confirmaron parcialmente la sentencia de primer grado, en cuanto a la materialidad y autoría del hecho en cabeza de M. D. C., y dispusieron realizar una nueva audiencia de cesura de pena.
En cuanto a la declaración de responsabilidad penal del imputado los jueces de Cámara confirmar la resolución del tribunal unipersonal de juicio entendiendo que se probó la materialidad y autoría del hecho llevado a juicio. “Los dichos de la víctima se encuentran concatenados con el resto del cuadro probatorio producido en el debate, dando así coherencia externa a su testimonio” agregaron los jueces de Cámara en su resolución. Considerando acreditado el delito de “abuso sexual agravado, por ser cometido aprovechando la inmadurez sexual de la víctima, agravado por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia”.
Respecto a la pena de 6 años y 8 meses impuesta en el debate, los jueces de Cámara resolvieron revocar la misma, por falta de fundamento del magistrado y por ello es arbitraria, asimismo reenviar la carpeta para que se realice una nueva cesura, o audiencia de imposición de pena, con un nuevo juez. Confirmando así parcialmente la sentencia de primer grado, en cuanto a la materialidad y autoría del hecho en cabeza de M. D. C., y disponiendo realizar una nueva audiencia de cesura.
La impugnación fue realizada ante los jueces de Cámara Cecilia Codina, Mónica García y Martín Montenovo; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en nato que la defensa de M. D. C. fue ejercida por María de los Ángeles Garro, defensora pública. La resolución fue informada por la jueza de Cámara Cecilia Codina.